El 14 de febrero de el presidente Javier Milei difundió en su cuenta de X la existencia del token denominado $LIBRA. En cuestión de horas la criptomoneda trepó desde US$0,01 hasta US$5 y luego se desplomó, provocando pérdidas para más de 44.000 inversores en Argentina y en el exterior. Ese tuit, que el propio presidente dijo haber compartido «como ciudadano», desencadenó una causa que hoy continúa en trámite sin que se hayan convocado formalmente a testigos o imputados.
La tramitación judicial atravesó distintas instancias y actualmente está a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, luego de una investigación inicial de la jueza María Servini. Mientras tanto, la Cámara Federal —Sala I— ordenó una revisión de las medidas cautelares y pidió actualizar los montos embargados, en respuesta a los planteos de la querella particular que representa a los damnificados.
Revisión de embargos y exigencia de garantías
En enero la Sala I de la Cámara Federal instruyó al juez Martínez de Giorgi para que, en el plazo de 90 días, actualice las sumas sujetas a embargo. Los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi firmaron el punto y señalaron la necesidad de fijar un aval patrimonial acorde a la magnitud del daño y al grado de participación de cada imputado. La querella, conducida por el diputado nacional Juan Grabois, había cuestionado que los embargos previamente dispuestos resultaban insuficientes frente a los hechos denunciados.
Movimientos de fondos y sospechas de trasvases digitales
Los letrados que representan a inversores damnificados alertaron sobre transferencias fuera del alcance inicial de la investigación. Según las actuaciones citadas por la querella, días antes de que se fijaran los primeros congelamientos, se detectaron movimientos en criptomonedas por hasta US$500.000 atribuibles a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Además, páginas periodísticas y el expediente relataron que Terrones Godoy abrió dos cajas de seguridad en una sucursal bancaria en Martínez y que imágenes de cámaras registraron la salida de bolsos y mochilas en la jornada posterior al tuit.
Implicados y repercusiones internacionales
El universo de denunciados en el expediente incluye al propio Javier Milei, a su hermana y secretaria general de la Presidencia Karina Milei, al empresario Julian Peh (Peh Chyi Haur en su identidad real), al cofundador de Kelsier Hayden Davis, además de Novelli, Terrones Godoy y el ex funcionario de la Comisión Nacional de Valores Sergio Morales Morales. A su vez, dos ciudadanos bielorrusos —Krasutskaya Sviatlana Vitalievna y Lapchenko Vladislav Andreevich— solicitaron ser querellantes por presuntas pérdidas cercanas a US$2 millones. Existe además una causa paralela en Estados Unidos, que tramita ante la jueza Jennifer Rochon en el distrito sur de Nueva York.
Documentos, acuerdos y el vínculo con el poder
En informes periodísticos reapareció un acuerdo confidencial firmado el 29 de enero de entre Hayden Davis y el presidente Milei. Ese documento describe una oferta de asesoramiento «ad honorem» en materias como blockchain e inteligencia artificial para el Estado, con cláusulas de confidencialidad y posibilidades de futuras negociaciones. El pacto fue rubricado días antes del lanzamiento del token y, según las publicaciones, se inscribe en un contexto de transferencias millonarias y pagos que la fiscalía y comisiones del Congreso analizan.
La tensión entre cautelares y la instrucción
Los jueces de la Cámara Federal advirtieron que si las medidas cautelares no se adecuan y no progresan a la par de la instrucción, la eficacia de esas medidas preliminares podría verse comprometida. En otras palabras, sostuvieron que es necesario demostrar la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora para que las garantías patrimoniales cumplan su función preventiva frente a posibles fugas de activos.
Así, a un año del episodio que disparó la investigación, el expediente $LIBRA sigue concentrando atención pública y judicial: hay pedidos de ampliación de embargos, rastros de movimientos cripto relevantes, aspirantes a querellantes extranjeros y múltiples figuras públicas señaladas en la denuncia. El avance del proceso dependerá ahora de las decisiones del juez Martínez de Giorgi y de la respuesta a las observaciones planteadas por la Cámara para asegurar que las medidas cautelares reflejen la realidad patrimonial vinculada al caso.
