En una revelación sorprendente, el ministro de Justicia de Colombia, Andrés Idárraga, ha denunciado que su teléfono fue hackeado mediante Pegasus, un polémico software espía israelí. Esta intrusión ocurrió en el segundo semestre de, mientras Idárraga lideraba investigaciones sobre corrupción en el ámbito militar. La noticia ha generado una ola de inquietud acerca de la integridad de las instituciones gubernamentales.
La denuncia fue realizada a través de su cuenta en la red social X, donde expone no solo la violación de su privacidad, sino también una posible conexión con el Ministerio de Defensa de Colombia. Esto plantea interrogantes serios sobre el uso de recursos estatales para espiar a quienes buscan la transparencia en el gobierno.
El hallazgo forense y las implicaciones del espionaje
Un informe forense de un consorcio internacional reveló que el teléfono de Idárraga fue infectado con Pegasus desde noviembre de. Solo 15 segundos después de la infección, el software comenzó a operar, extrayendo alrededor de 2.3 gigabytes de información personal y activando el micrófono del dispositivo en 134 ocasiones. Esta forma de vigilancia es alarmante, especialmente considerando que se trata de un funcionario encargado de supervisar la transparencia gubernamental.
Las circunstancias que rodean el espionaje
Idárraga, quien era secretario de Transparencia cuando surgieron las sospechas de espionaje, estaba investigando casos significativos de corrupción en las fuerzas armadas. Estas investigaciones incluían alianzas con grupos disidentes, el desvío de armas y el uso indebido de fondos reservados. Días después de que su teléfono fue comprometido, se emitió una orden desde el Comando de Contrainteligencia Militar (Cacim) para identificar las fuentes detrás de sus investigaciones, sugiriendo un intento deliberado de desacreditar a Idárraga y silenciar sus esfuerzos.
La respuesta del gobierno y las repercusiones en la democracia
La denuncia de espionaje de Idárraga subraya las preocupaciones sobre el estado de la inteligencia en Colombia. La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) parece alinearse cada vez más con los intereses del presidente Gustavo Petro, evocando prácticas del pasado en las que el espionaje se utilizaba para silenciar a disidentes. Estas acciones han generado dudas sobre la integridad de las operaciones de inteligencia, especialmente en un contexto donde la lucha contra la corrupción es vital para la credibilidad del gobierno.
Idárraga ha llevado la situación a la Fiscalía y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), enfatizando que la democracia no se protege con espionaje, sino mediante la justicia y la transparencia. Ha presentado una denuncia formal contra individuos desconocidos por la violación de su privacidad, instando a las autoridades a investigar el uso de recursos de contrainteligencia para fines ilegales.
Un llamado a la acción y la vigilancia de los derechos humanos
El escándalo de Pegasus no solo afecta a Idárraga, sino que plantea un reto mayor sobre cómo se gestionan los gastos reservados en el sector defensa y su uso en operaciones de contrainteligencia. El ministro ha solicitado a la Contraloría que examine de inmediato cómo se están utilizando estos recursos, cuestionando si están destinados a atacar a quienes luchan contra la corrupción en lugar de proteger al país.
Las revelaciones sobre el uso de Pegasus en Colombia son un recordatorio de la constante lucha por la protección de los derechos humanos y la transparencia gubernamental. En un contexto donde la corrupción ha sido un problema persistente, es crucial que funcionarios y ciudadanos mantengan la vigilancia ante acciones que amenazan la integridad del Estado y el bienestar de la sociedad.
