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La trama del lavado de dinero
En un giro impactante de los acontecimientos, dos policías penales del estado de Río de Janeiro han sido objeto de una investigación por su presunta participación en un esquema de lavado de dinero que supera los R$ 100 millones.
Esta operación, llevada a cabo por el Gaeco (Grupo de Actuación Especializada en el Combate al Crimen Organizado), ha puesto en el centro de la atención pública la corrupción que permea el sistema penitenciario brasileño. La investigación se centra en el uso de estaciones de servicio como fachada para llevar a cabo estas actividades ilícitas, lo que plantea serias preguntas sobre la integridad de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia.
Detalles de la investigación
La Promotoria ha informado que se han emitido un total de seis mandatos de búsqueda y aprehensión en relación con este caso. Aunque los nombres de los involucrados aún no han sido revelados, la investigación sugiere un posible vínculo con organizaciones criminales que operan en la región.
Este escándalo no es un caso aislado; de hecho, es la segunda operación en menos de una semana que apunta a la corrupción dentro del sistema penitenciario de Río de Janeiro. La semana pasada, el subsecretario de la Secretaría de Administración Penitenciaria, junto con tres inspectores, fue apartado de sus funciones tras ser acusados de extorsionar a presos en el complejo penitenciario de Gericinó, en Bangu.
Extorsión y corrupción en las cárceles
La investigación sobre el esquema de extorsión comenzó cuando un preso denunció haber sido víctima de una tentativa de extorsión por un monto de R$ 600 mil, a cambio de un laudo y un certificado médico.
Este tipo de prácticas no solo socavan la confianza en el sistema penitenciario, sino que también reflejan un problema más amplio de corrupción que afecta a las instituciones públicas en Brasil. La denuncia del preso ha sido crucial para que la Corregiduría de la Seap (Secretaría de Administración Penitenciaria) iniciara la investigación, lo que pone de relieve la importancia de la denuncia ciudadana en la lucha contra la corrupción.
