En los últimos meses, la introducción de la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica ha generado un amplio debate en México. Este nuevo sistema de identificación busca modernizar la forma en que se almacenan y acceden los datos personales. Sin embargo, ha provocado confusión sobre su naturaleza obligatoria. Muchos ciudadanos se preguntan si deben cumplir con este sistema o si su participación es totalmente opcional.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha afirmado públicamente que la CURP biométrica será una opción opcional para los individuos. Los ciudadanos tendrán la autonomía de decidir si desean presentar su información biométrica. No obstante, la situación es más compleja de lo que parece, ya que documentos legales recientes cuestionan su verdadero estatus.
Entendiendo el marco legal
Un examen más detallado del Diario Oficial de la Federación (DOF) revela algunas discrepancias. Según un informe de El Economista, el Artículo 91 Bis del reciente decreto que modifica la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, publicado el 16 de julio de 2025, establece que la CURP es un documento obligatorio. Este artículo indica que la CURP servirá como documento oficial de identificación, aceptado universalmente en el país, y debe estar disponible tanto en formatos físicos como digitales.
Requisitos obligatorios para la CURP
Este artículo enfatiza que todas las autoridades públicas y entidades privadas están obligadas a solicitar una CURP al proporcionar servicios o realizar transacciones. No cumplir con este mandato podría acarrear multas significativas que oscilan entre 10,000 y 20,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que se traduce en una posible sanción de hasta 2.26 millones de pesos. Esto suscita preocupaciones sobre la verdadera naturaleza opcional de la CURP, ya que los individuos pueden sentir la presión de obtenerla para evitar penalizaciones.
Preocupaciones sobre la privacidad de los datos
El gobierno federal sostiene que la CURP biométrica está respaldada por una infraestructura robusta y segura. Sin embargo, organizaciones como Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) expresan serias inquietudes sobre las implicaciones de una base de datos biométrica centralizada. Argumentan que acumular información tan sensible plantea riesgos severos para la privacidad, la seguridad y los derechos fundamentales de más de 130 millones de mexicanos.
Riesgos de los sistemas de datos centralizados
Según R3D, la creación de una base de datos integral de datos biométricos no solo aumenta la probabilidad de ciberataques, sino que también eleva el potencial de mal uso de la información personal. Con tanta información sensible en un solo lugar, los incentivos para los hackers aumentan, lo que genera temores de que la privacidad de los individuos pueda verse comprometida. Esta situación pone de relieve el delicado equilibrio entre el avance tecnológico y la protección de los derechos individuales.
La CURP biométrica entró en vigor oficialmente el 17 de julio de 2025, permitiendo un período de 90 días para que organizaciones públicas y privadas se ajusten a su implementación. A partir del 16 de octubre de 2025, la CURP se está implementando activamente. Este nuevo sistema de identificación incluye los tradicionales 18 caracteres alfanuméricos junto con datos personales vitales, como nombre, género, fecha de nacimiento, nacionalidad y, ahora, información biométrica.
La variante digital de la CURP está gestionada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que es responsable de garantizar su seguridad y accesibilidad. A medida que se despliega este sistema de identificación biométrica, es esencial que los ciudadanos se mantengan informados y alertas sobre sus derechos en relación con los datos personales.
Si bien el gobierno insiste en que la participación en la CURP biométrica es opcional, el marco legal y las posibles sanciones sugieren lo contrario. Se insta a los ciudadanos a seguir de cerca los desarrollos relacionados con este sistema y a defender sus derechos ante la creciente práctica de recolección de datos.
