El Ministerio de Economía volvió a colocar deuda en dólares con dos operaciones que sumaron USD 300 millones. En la licitación se adjudicaron USD 150 millones del BONAR 2027 (AO27) y otros USD 150 millones del BONAR 2028 (AO28), instrumentos emitidos bajo legislación local y pagaderos en dólares.
Más allá del monto, los inversionistas y los analistas pusieron la lupa en el diferencial de precios y rendimientos entre ambos papeles: mientras uno vence antes del cambio de Gobierno, el otro obliga al emisor a devolver capital ya en la próxima gestión, lo que introduce una prima por lo que el mercado denomina riesgo de reversión.
La operación y sus cifras
La demanda total alcanzó aproximadamente USD 693 millones, con ofertas concentradas en el AO27 por USD 466 millones y en el AO28 por USD 227 millones. En el AO27 el precio de adjudicación fue de USD 1.015,33 por cada USD 1.000, lo que implicó una tasa nominal cercana al 5% (aprox. 5,12% efectiva). En cambio, el AO28 se colocó alrededor de USD 942 por cada USD 1.000, con rendimientos en torno al 8,5%–8,9%, cifras que coinciden con declaraciones oficiales sobre un rendimiento de 8,9% en el bono a octubre de 2028.
El monto autorizado para cada uno de estos títulos llega hasta USD 2.000 millones, y el programa contempla emisiones graduales en tramos semanales de hasta USD 250 millones, lo que permite al Tesoro gestionar flujo y precio.
Qué mide el mercado: la prima por vencimientos posteriores al mandato
Los diferentes rendimientos entre el AO27 y el AO28 fueron interpretados por el Gobierno como una señal del llamado riesgo kuka, expresión usada por el ministro para ilustrar la prima que los inversores exigen por mantener deuda que se extiende más allá de diciembre de 2027. En términos técnicos, el mercado está tarifando un mayor riesgo político y la posibilidad de cambios en la trayectoria fiscal o en la política económica de una futura administración.
Interpretación oficial y reacción del mercado
Desde el Ejecutivo, Luis Caputo destacó la diferencia entre tasas para ejemplificar cómo se compone el riesgo país hacia distintos horizontes: presentó cifras comparativas que ubican el riesgo en niveles muy inferiores a lo que hoy exige el mercado para plazos más largos. Analistas locales, en tanto, enfatizaron que la colocación ofrece al mercado una referencia para cuantificar el riesgo de reversión y evaluar la sostenibilidad de las políticas actuales a lo largo del tiempo.
Impacto en el mercado local y pasos siguientes
Además de la colocación en dólares, la licitación incluyó títulos en pesos por un total adjudicado de $11,04 billones, con ofertas superiores por $12,53 billones, lo que dejó un rollover de 138,52% sobre los vencimientos en juego. La operatoria busca no solo financiar vencimientos, sino también colaborar con la autoridad monetaria en la absorción de pesos del mercado.
Títulos en pesos y calendario de liquidación
Entre los instrumentos locales adjudicados figuraron LECAP, títulos indexados por CER, TAMAR y títulos dólar linked, con distintos plazos y márgenes. La Secretaría de Finanzas informó que la liquidación de las adjudicaciones se efectuaría el martes 31 de marzo de 2026, y que el lunes 30 de marzo se habilitaría una segunda vuelta con topes por instrumento, donde se tomarán los precios de corte de la primera sesión.
En síntesis, la colocación mostró que hay capacidad de demanda por instrumentos en dólares y en pesos, pero también que el costo de financiamiento depende fuertemente del horizonte político. La diferencia entre rendimientos pre y post-2027 actúa como una señal clara: los mercados reclaman una prima por la incertidumbre sobre la continuidad de las políticas actuales y por la posibilidad de cambios que afecten la valuación de los activos.
Para los próximos llamados, el Gobierno intentará afinar precios y volumen, aprovechando ventanas de demanda local mientras mantiene la posibilidad abierta de emisiones semanales para completar los techos autorizados. El seguimiento de estos títulos servirá de barómetro para medir cómo evoluciona la percepción del riesgo país y la confianza en la capacidad de refinanciamiento del Tesoro.
