La administración municipal de Ipiales enfrenta una crisis financiera de gran impacto tras la orden del Departamento Nacional de Planeación (DNP) que limita y embarga recursos por la suma de $8.000 millones. La medida, comunicada a entidades bancarias como Bancolombia, viene asociada a la reclamación de regalías vinculadas a una obra pública inconclusa: la construcción de un hospital de primer nivel que hoy es considerada un elefante blanco. El bloqueo afecta a más de 50 cuentas y compromete el funcionamiento cotidiano del municipio.
El alcalde Amílcar Pantoja y su equipo de Hacienda han anunciado que asumirán acciones legales y administrativas para mitigar el impacto. Según comunicaciones internas, la deuda original data de 2017 y, con intereses moratorios, habría aumentado hasta superar la cifra inicial de $3.800 millones. La orden formal del DNP, fechada en comunicaciones recientes y dirigida a los bancos, limita el embargo a los $8.000 millones, aunque en la práctica hay cuentas bloqueadas cuyo saldo conjunto supera lo indicado, lo que complica aún más la situación financiera municipal.
Origen del reclamo y alcance del embargo
El proceso que motivó el embargo nace por la presunta no devolución de recursos de regalías destinados al hospital inconcluso. Las autoridades del DNP sostienen que existe un saldo pendiente por esos recursos, y por ello dictaron medidas cautelares sobre las cuentas en las que el municipio es titular o beneficiario. El secretario de Hacienda local afirmó que el procedimiento tiene origen en 2017 y que los intereses moratorios hicieron crecer la obligación, mientras que la administración actual asegura no haber recibido notificaciones oportunas que permitieran responder a tiempo.
Cobertura y entidades afectadas
Más de 50 cuentas en varias entidades financieras quedaron registradas como embargadas tras el oficio del DNP. El saldo agregado en esos movimientos supera los $15.000 millones, según reportó la Alcaldía, lo que indica que el bloqueo ha sido aplicado de manera amplia y, en opinión de la administración municipal, indiscriminada. Entre las cuentas impactadas se encuentran recursos destinados a la nómina, pagos de prestaciones, servicio de deuda, y fondos del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que beneficia a más de 15.000 estudiantes en el municipio.
Reacciones del gobierno local y pasos legales
El alcalde Pantoja declaró en rueda de prensa que no acepta amenazas y que defenderá los intereses de los ipialeños con las herramientas legales disponibles. Explicó que, durante el empalme con la administración del exalcalde Luis Fernando Villota, no encontró registro claro del proceso que dio lugar al embargo. Ante ello, la Alcaldía anunció que presentará una acción de repetición contra exmandatarios a quienes responsabiliza por la omisión en la gestión de la deuda y la falta de atención al proceso administrativo previo.
Medidas a corto plazo y protección de recursos
Para evitar que el embargo paralice servicios esenciales, el municipio revisará el uso de cuentas consideradas inembargables y aplicará normativas que protegen recursos del Sistema General de Participación, regalías y rentas de destinación específica. La intención es garantizar la continuidad de sectores sensibles como salud, educación, saneamiento básico, deporte y cultura. Sin embargo, funcionarios reconocen que la ejecución de estas salvaguardas requiere de trámites y decisiones jurídicas que podrían demorar su efecto inmediato.
Cruces entre la administración actual y los exalcaldes
El enfrentamiento político se ha intensificado: Pantoja responsabiliza a exalcaldes, entre ellos Luis Fernando Villota y Ricardo Romero, por presuntas omisiones. Villota, por su parte, argumenta que al cierre de su mandato dejó liquidez en las arcas municipales y que había advertido sobre procesos legales a seguir, criticando además la falta de comunicación interna para declarar cuentas como inembargables al inicio del año fiscal. Estas declaraciones muestran una tensión que complica la construcción de una narrativa única sobre responsabilidades.
Mientras tanto, el secretario de Hacienda municipal advirtió sobre el riesgo de que el embargo genere intereses moratorios adicionales, sanciones y el incumplimiento en el pago de nómina y prestaciones del personal central y descentralizado. También se lamentó el bloqueo de las cuentas del PAE, que implica un impacto directo sobre la alimentación escolar de miles de niños.
Perspectivas y alternativas
La Alcaldía ha prometido agotar las vías legales para impugnar el alcance del embargo y buscar mecanismos de negociación con el DNP y los bancos. Entre las alternativas evaluadas están la presentación de recursos administrativos, demandas de repetición contra responsables anteriores y la identificación estricta de cuentas con protección constitucional. No obstante, las autoridades reconocen que la solución no será inmediata y que, mientras avanzan los procesos, la comunidad podría experimentar alteraciones en servicios básicos.
La situación de Ipiales expone la fragilidad financiera que puede traer la combinación de obras inconclusas, deudas históricas y procedimientos judiciales o administrativos que llegan a afectar el flujo de caja municipal. La atención ciudadana y la presión política aumentan conforme se conocen los efectos del embargo; por ahora, la prioridad declarada por la administración es minimizar el daño sobre la población y garantizar que los recursos para sectores sensibles permanezcan protegidos en la medida de lo posible.
