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Un veto que sorprende al sector energético
El reciente veto del presidente Lula a un componente del proyecto de ley que promueve la energía eólica offshore ha generado un gran revuelo en el sector energético brasileño. Este veto no solo afecta la implementación de energías renovables, sino que también tiene implicaciones económicas significativas para los consumidores.
Según un estudio de la consultora Thymos, este veto impide que los consumidores se beneficien de una reducción de costos de energía que podría alcanzar los R$ 12 mil millones anuales. Este monto representa una carga considerable para los hogares y empresas brasileñas, que ya enfrentan altos costos de energía.
El estudio de Thymos y sus hallazgos
El estudio, encargado por la Asociación Brasileña de Generadoras de Energía Limpia (Abragel), revela que los beneficios económicos a largo plazo del proyecto podrían sumar R$ 311 mil millones en un periodo de 25 años.
João Carlos de Oliveira Melo, socio de Thymos, explica que el proyecto permitiría la sustitución de 2 GW de energía generada por pequeñas centrales hidroeléctricas (PCHs) por mini-hidrelétricas, que tienen una capacidad de generación de hasta 50 MW cada una.
Esta transición no solo es beneficiosa para el medio ambiente, sino que también podría generar alrededor de 200 mil nuevos empleos en el sector energético.
La postura de Lula y el futuro del proyecto
A pesar de su deseo de fomentar más PCHs, el presidente Lula se opone a la construcción de térmicas, que son más costosas y menos sostenibles, especialmente en épocas de sequía.
La combinación de ambos tipos de generadores en el artículo de la ley hizo imposible vetar solo una parte del proyecto. Sin embargo, la expectativa es que el Congreso pueda derribar este veto, permitiendo así que Brasil avance hacia un futuro energético más sostenible y menos costoso para sus ciudadanos. La situación actual plantea un dilema: ¿priorizar el desarrollo sostenible o mantener el statu quo que beneficia a las energías más tradicionales?
