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Un cambio significativo en el foro especial
El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ha tomado una decisión crucial que amplía el alcance del foro especial, un tema que ha generado intensos debates en el ámbito jurídico y político del país.
Con un resultado de 7 a 4, el tribunal ha determinado que la competencia para juzgar a ciertos funcionarios no se limita a los delitos cometidos durante el ejercicio de su mandato. Esta nueva interpretación busca cerrar una brecha que permitía a los acusados manipular el sistema judicial mediante la renuncia a sus cargos.
La historia del foro privilegiado en Brasil
El foro privilegiado, también conocido como foro por prerrogativa de función, está respaldado por la Constitución brasileña y tiene como objetivo proteger a ciertos funcionarios públicos de presiones en instancias inferiores. Sin embargo, a lo largo de las décadas, este tema ha tenido un vaivén en el STF, generando incertidumbre jurídica.
La última decisión relevante antes de esta fue en 2018, en el contexto de la Operación Lava Jato, donde se argumentaba que el foro privilegiado obstaculizaba las investigaciones y contribuía a la impunidad.
Implicaciones de la nueva decisión
Con la reciente ampliación del foro especial, los casos seguirán siendo competencia del STF incluso si los acusados dejan de ocupar sus cargos. Esto significa que un diputado federal, por ejemplo, seguirá siendo juzgado por el STF aunque renuncie o su mandato termine.
Esta decisión podría tener un impacto significativo en la carga de trabajo de los tribunales, ya que se espera que las interpretaciones más restrictivas del foro especial reduzcan la cantidad de casos que llegan a la corte. Datos recientes indican que, tras la modificación de 2018, el número de acciones penales en el STF disminuyó en un 80%.
La abogada Maíra Salomi, vice-presidenta de la Comisión de Derecho Penal del IASP, señala que esta nueva regla podría repercutir en otros tribunales que también tienen competencia para juzgar procesos de foro especial. La decisión del STF podría establecer un precedente que afecte a otros órganos judiciales en Brasil, lo que podría cambiar la forma en que se manejan los casos de corrupción y abuso de poder en el país.
