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El dilema del crédito de carbono
En un contexto donde la sostenibilidad se ha convertido en un imperativo global, el sector asegurador brasileño se enfrenta a un dilema significativo. La reciente decisión de la CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras) de impugnar la ley que obliga a las aseguradoras a invertir en créditos de carbono ha generado un intenso debate.
Esta ley, que busca regular el mercado de carbono en Brasil, establece que las aseguradoras deben destinar el 0,5% de su reserva técnica a la compra de estos créditos. Sin embargo, el sector argumenta que esta medida no solo es económicamente inviable, sino que también podría poner en riesgo su estabilidad financiera.
Impacto económico y desafíos del mercado
El mercado de carbono en Brasil, aunque en crecimiento, aún es incipiente. Se estima que el volumen negociado apenas alcanza los R$ 1 billón, lo que plantea serias dudas sobre la capacidad del sector asegurador para absorber una inversión de hasta R$ 9 billones.
La CNseg ha señalado que, a pesar de reconocer la importancia de la sostenibilidad, la imposición de esta obligación podría generar una especulación peligrosa en el mercado, elevando artificialmente los precios de los créditos de carbono. Este fenómeno podría perjudicar a las empresas que, por ley, deben adquirir créditos para compensar sus emisiones.
La necesidad de un marco regulatorio sólido
La falta de un marco regulatorio claro y estandarizado para el mercado de carbono es otro de los puntos críticos que el sector asegurador ha destacado. La metodología de certificación de los créditos de carbono aún no está definida, lo que genera incertidumbre sobre su valor real.
Además, el hecho de que los créditos de carbono pierdan valor con el tiempo plantea un riesgo adicional para las aseguradoras, que deben garantizar el cumplimiento de sus obligaciones a largo plazo. La CNseg argumenta que, sin un desarrollo adecuado del mercado, es imprudente comprometer recursos significativos de la reserva técnica en un activo tan volátil.
Perspectivas futuras y la regulación necesaria
El futuro del mercado de carbono en Brasil dependerá en gran medida de la capacidad del gobierno para establecer un marco regulatorio robusto que garantice la transparencia y la estabilidad del mercado. Según estimaciones del Ministerio de la Fazenda, se espera que la infraestructura necesaria para formalizar este mercado esté lista para 2030. Mientras tanto, las aseguradoras abogan por un enfoque más cauteloso, sugiriendo que es mejor esperar a que el mercado madure antes de realizar inversiones significativas. La CNseg ha presentado su caso ante el STF (Supremo Tribunal Federal), argumentando que la regulación del sector asegurador debe ser realizada mediante leyes complementarias y no ordinarias, como es el caso de la ley 15.042.
