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El presupuesto de 2025 en Brasil se presenta como un verdadero rompecabezas para el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Con la reciente aprobación del PLOA (proyecto de Ley Orçamentaria Anual) por parte del Congreso, se anticipan ajustes en las estimaciones de gastos, especialmente en lo que respecta a los beneficios de la Previdência Social. Este escenario plantea interrogantes sobre la sostenibilidad fiscal y la capacidad del gobierno para implementar políticas sociales efectivas.
Ajustes en el gasto público
El gobierno ha optado por no realizar ajustes inmediatos en el presupuesto, prefiriendo observar el comportamiento de los gastos en los primeros meses del año. Sin embargo, se estima un aumento de R$ 8,3 mil millones en los gastos relacionados con la Previdência, además de R$ 678 millones para el BPC (Beneficio de Prestação Continuada). Estos incrementos se deben principalmente a la variación del INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) y la corrección del salario mínimo, que son fundamentales para el reajuste de los beneficios.
Desafíos fiscales y recortes necesarios
La situación se complica aún más con la necesidad de un congelamiento de gastos tras la sanción del presupuesto, lo que podría afectar programas sociales como el Bolsa Família. La propuesta original asignaba R$ 1,007 billón a los beneficios previdenciarios, pero las proyecciones internas sugieren que esta cifra podría aumentar a R$ 1,032 billón. Esto implica que el gobierno deberá realizar recortes en otras áreas para equilibrar el presupuesto, lo que genera preocupación entre los legisladores.
Expectativas y realidades del presupuesto
El relator del presupuesto, Ângelo Coronel, ha señalado que se requerirá un aumento mínimo de R$ 20 mil millones en el gasto previdenciario, lo que deja un déficit de R$ 11,7 mil millones que deberá ser cubierto mediante recortes en otras áreas. A pesar de las críticas sobre la subestimación de los gastos, el gobierno defiende que el presupuesto es un documento vivo, sujeto a modificaciones conforme avanza el año y se ajustan las proyecciones económicas.
En este contexto, se prevén reuniones entre líderes parlamentarios y la Secretaría de Relaciones Institucionales para abordar los ajustes necesarios. La incertidumbre sobre cómo se acomodarán los R$ 11,5 mil millones en enmiendas también añade presión al proceso. La situación económica actual, marcada por la inflación y la necesidad de ajustes fiscales, plantea un desafío significativo para el gobierno, que deberá navegar entre las demandas sociales y la responsabilidad fiscal.
