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Un cambio necesario en la justicia
El sistema judicial argentino está en medio de una transformación significativa con la implementación del nuevo Código Procesal Penal, que comenzará a regir el 11 de agosto en los tribunales federales de Comodoro Py y avenida de los inmigrantes.
Este cambio, que ya se ha probado en diez provincias, busca trasladar la responsabilidad de la investigación de los jueces a los fiscales, agilizando así los procedimientos judiciales. Este enfoque moderno y más dinámico es una respuesta a las demandas de una sociedad que clama por una justicia más eficiente y rápida.
¿Cómo funcionará el nuevo sistema?
El nuevo sistema acusatorio, establecido por la Ley 27.1, se basa en la premisa de que el Ministerio Público Fiscal será el encargado de investigar los delitos. Según el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, este modelo permitirá que las causas sean analizadas de manera más efectiva, determinando si vale la pena seguir con la investigación o si se trata de un hecho menor.
Esto no solo optimiza el tiempo de respuesta, sino que también permite que los casos más graves, como el crimen organizado y la corrupción, sean tratados con la urgencia que requieren.
Desafíos en la implementación
A pesar de las buenas intenciones, la implementación del nuevo código enfrenta varios desafíos.
Uno de los principales problemas es la falta de recursos y la necesidad de crear nuevas salas de audiencias y sistemas informáticos. Además, el 30% de los juzgados y fiscales federales están vacantes, lo que podría obstaculizar el proceso. La falta de candidatos para ocupar estos puestos es un tema que el Gobierno debe abordar con urgencia para garantizar el éxito del nuevo sistema.
La visión del futuro
La administración de Javier Milei ha expresado su compromiso con la transformación de la justicia en Argentina. Cúneo Libarona ha enfatizado la importancia de la independencia y la eficacia en el sistema judicial, asegurando que estas reformas están diseñadas para satisfacer las necesidades de la sociedad. La implementación del nuevo Código Procesal Penal no solo es un paso hacia una justicia más rápida, sino que también representa un cambio cultural en la forma en que se aborda la criminalidad en el país.
