En un entorno que recuerda a las dictaduras bananeras, la hermana de la gobernadora de Campeche ofreció un espectáculo vergonzoso al presentar su informe de gobierno. Vestida con un llamativo atuendo de color guinda, comenzó a cantar con melodía de un conocido artista. Esta situación no solo fue incómoda, sino que también puso de manifiesto la falta de seriedad en la administración estatal.
La directora del DIF, al parecer sin el talento vocal necesario, fue acompañada por un grupo de cantantes profesionales que intentaron en vano realzar su actuación. No obstante, la escena se tornó más allá de lo ridículo, al ser aplaudida por una audiencia conformada por funcionarios que parecían más interesados en cumplir con su rol de comparsa que en el contenido del informe.
Una audiencia complaciente y la falta de poder real
La gobernadora Layda Sansores se encontraba en primera fila, rodeada de figuras políticas de la administración, quienes aplaudían con entusiasmo. Este evento ilustra la falta de independencia entre los poderes en esta era política. La complicidad entre el Poder Judicial y el Legislativo se hace evidente, con figuras como Pedro Alcudia Vázquez y Antonio Jiménez aplaudiendo y apoyando la presentación, en lugar de ejercer un control efectivo sobre el gobierno.
La rápida ascensión de Alcudia
El ascenso de Pedro Alcudia al frente del Poder Judicial en Campeche es un ejemplo claro de cómo se manipulan los procesos políticos. En un corto lapso, pasó de ser el consejero jurídico de la gobernadora a ser nombrado presidente del Tribunal Superior de Justicia tras la muerte del presidente anterior. Este movimiento estuvo rodeado de acusaciones de violencia de género y represión hacia quienes se manifestaron en contra.
Las decisiones que llevaron a este cambio en el liderazgo del Poder Judicial se tomaron en un ambiente de oscuridad y falta de transparencia, donde la gobernadora utilizó su poder para silenciar a los críticos y asegurar la lealtad de sus colaboradores.
Antonio Jiménez: del activismo a la política
Por otro lado, Antonio Jiménez, quien también ocupa un lugar destacado en el Congreso, tiene un pasado que no es menos controversial. Su trayectoria comenzó en el movimiento social Yo Soy 132, donde se presentó como un estudiante preocupado por la política, pero rápidamente se alineó con los intereses del actual gobierno. Su conexión con el propagandista Epigmenio Ibarra y su participación en medios de comunicación que apoyan a la administración han manchado su imagen.
Jiménez se convirtió en una pieza clave dentro de la campaña de Layda Sansores, aprovechando su red de contactos para fortalecer su posición en el Congreso y asegurar un control absoluto sobre las decisiones legislativas, lo que plantea serias dudas sobre la división de poderes en la región.
La gobernanza de Layda Sansores
La gobernadora ha sido objeto de críticas por su estilo de liderazgo autoritario, donde la censura y el abuso de poder se han vuelto comunes. Las irregularidades en la gestión del presupuesto estatal, sumadas a la falta de transparencia en la publicación de auditorías, reflejan un panorama desolador para la gobernanza en Campeche.
Desde su llegada al poder, el 16 de septiembre de 2026, las instituciones estatales no han cumplido con su obligación de publicar los resultados de las auditorías en la Plataforma Nacional de Transparencia, lo que genera más suspicacias sobre la gestión de los recursos públicos. Las denuncias de mal manejo y la dificultad para acceder a información veraz continúan alimentando la percepción de que la administración se encuentra en un estado de crisis.
Un final incierto para la administración de Layda
A medida que la gobernadora continúa enfrentando críticas, la reciente visita de Claudia Sheinbaum a Campeche marcó un punto de inflexión en la relación entre Layda y sus colaboradores. Las tensiones internas en el partido y los cuestionamientos sobre la gobernabilidad se intensifican, creando un clima de incertidumbre sobre el futuro de la administración.
Con un panorama político en deterioro, los ciudadanos de Campeche se encuentran ante un dilema: ¿quién defenderá sus derechos y asegurará un gobierno transparente y responsable? La situación actual sugiere que la respuesta podría no ser favorable, dejándolos en una posición indefendible.
