En enero de 2026, un anuncio del Ministerio de Justicia desató una controversia significativa en Barranquilla. Se propuso el traslado de cabecillas de bandas criminales, como Jorge Eliécer Díaz Collazos, conocido como Castor, y Digno Palomino, líderes de Los Costeños y Los Pepes, respectivamente. Este movimiento buscaba consolidar la paz urbana y sostener la tregua entre facciones en conflicto. No obstante, la Alcaldía local expresó su preocupación por los riesgos que implicaba este traslado.
La noticia, que se hizo pública el 10 de enero, sorprendió a muchos. La Alcaldía argumentó que no había coordinación suficiente, lo que podría convertir las cárceles de la ciudad en centros de mando para organizaciones criminales. Este desacuerdo provocó un fuerte choque político entre el alcalde Alejandro Char y el Gobierno nacional, que defendió su decisión citando estadísticas que indicaban una reducción de la tasa de homicidios en Barranquilla.
La respuesta del gobierno y la controversia local
El presidente Gustavo Petro se convirtió en un defensor ferviente de la estrategia de paz, afirmando que su administración había logrado reducir la tasa de homicidios en la ciudad a la mitad. Este argumento fue presentado como uno de los pilares para justificar el traslado de los cabecillas a las cárceles del Atlántico. Sin embargo, la realidad de la violencia en Barranquilla es más compleja de lo que parece.
El 12 de enero, ante la presión de la comunidad y las autoridades locales, se decidió suspender temporalmente los traslados. Esto se haría hasta asegurar una coordinación adecuada con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), la policía y las autoridades locales. Este cambio repentino también incluyó la decisión de no trasladar a Digno Palomino, medida respaldada por el facilitador Camilo Pineda. El 13 de enero, el ministro de Justicia reiteró que, por ahora, los traslados estaban en pausa.
Contexto previo y advertencias
El proceso que llevó a la situación actual se gestó desde noviembre de 2025, cuando se planteó el dilema sobre el traslado de cabecillas de alta seguridad a cárceles de mediana seguridad. Camilo Pineda había señalado la necesidad de realizar un análisis exhaustivo de riesgos y de convivencia carcelaria. En este contexto, se enfatizó la importancia de proteger a niños y adolescentes del reclutamiento y de evitar la venta de drogas cerca de escuelas.
La Defensoría del Pueblo también había emitido alertas en ese momento, pidiendo claridad sobre la tregua entre Los Costeños y Los Pepes. La preocupación era que este proceso no se convirtiera en un simple acuerdo para redistribuir economías ilícitas, disfrazado de paz urbana. La defensora Iris Marín Ortiz destacó que, a pesar de algunos avances, sin reglas claras, los acuerdos podrían transformarse en ilusiones y treguas frágiles que no abordaran las violencias estructurales.
Números que no cuadran
A pesar de las afirmaciones del presidente Petro, las estadísticas locales presentan una narrativa diferente. Desde el anuncio de la tregua el 23 de agosto de 2025 hasta el 11 de enero de 2026, se registraron 145 homicidios, de los cuales un 78% se relacionaron con el sicariato. Los números mostraron un aumento mensual en la violencia: 22 homicidios en septiembre, 38 en diciembre y 16 en los primeros días de enero de 2026, 12 de ellos por sicariato.
Aunque Barranquilla cerró 2025 con un total de 428 homicidios, lo que representó una disminución del 13.2% en comparación con 2024, este descenso no se traduce en la reducción a la mitad que se proclamó. Según el experto en seguridad Janiel Melamed, la disminución en la tasa de homicidios no es atribuible exclusivamente al gobierno actual. Además, las cifras de homicidios en el departamento del Atlántico evidencian un aumento del 65% en comparación con el año anterior.
Desafíos futuros y la necesidad de transparencia
Con los traslados en suspenso, el Gobierno ha manifestado que cualquier futuro movimiento deberá contar con una coordinación real con las autoridades competentes. Sin embargo, analistas sugieren que este proceso se complica en un año electoral, sin un marco jurídico claro para el diálogo y con falta de transparencia sobre los protocolos carcelarios. La Procuraduría ha anunciado su intención de dar seguimiento a esta situación, mientras que voces académicas plantean interrogantes cruciales sobre cómo garantizar la seguridad en las cárceles y el papel de la sociedad civil en este proceso.
La situación en Barranquilla refleja un contexto complejo donde las promesas de paz chocan con la dura realidad de la violencia. Con 145 homicidios durante la tregua y dos masacres, los datos contradicen la narrativa de una reducción significativa de la letalidad. Los ciudadanos continúan esperando soluciones efectivas que garanticen una paz duradera en su comunidad.
