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La urgencia del DNU y sus implicaciones
El reciente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 179/2025) emitido por el Presidente de Argentina ha generado una ola de preocupación en la sociedad. Este decreto, que busca aprobar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), no solo plantea interrogantes sobre la urgencia de la medida, sino que también pone en tela de juicio la legitimidad del proceso.
La decisión de eludir al Congreso y otorgarse facultades extraordinarias es un acto que muchos consideran un paso hacia el autoritarismo, debilitando así la estructura democrática del país.
El papel del Congreso y la ley de sostenibilidad de la deuda
La Constitución Nacional establece que es responsabilidad exclusiva del Congreso “contraer empréstitos” y “arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”. Sin embargo, el Ejecutivo ha decidido ignorar esta disposición, lo que representa un grave riesgo para la institucionalidad.
La Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, sancionada en 2021, refuerza la necesidad de que cualquier acuerdo con el FMI sea aprobado por el Congreso. Al evadir este requisito, el gobierno no solo socava la separación de poderes, sino que también abre la puerta a la corrupción y a la falta de transparencia en la gestión de la deuda.
La falta de transparencia y sus consecuencias
Uno de los aspectos más alarmantes del nuevo acuerdo con el FMI es la opacidad que lo rodea. No se han proporcionado detalles sobre los montos, tasas de interés ni condiciones del acuerdo, lo que genera desconfianza en la población.
Esta falta de información no solo alimenta especulaciones sobre posibles beneficios indebidos para ciertos sectores del poder, sino que también pone en riesgo la legitimidad del préstamo. En un contexto donde la economía parece estar en crisis, la urgencia del gobierno para obtener nuevos fondos plantea serias dudas sobre la salud real de la economía argentina.
La fragmentación de la oposición y el riesgo democrático
La respuesta del sistema político ante estas decisiones ha sido débil. La oposición se encuentra fragmentada y sin un liderazgo claro, lo que dificulta una reacción contundente frente a los abusos de poder. Esta falta de respuesta puede llevar a la normalización de la degradación institucional, donde la democracia se pierde lentamente a través de pequeñas concesiones. La sociedad, por su parte, parece haber aceptado este deterioro, lo que representa un peligro inminente para el futuro del país. La pregunta que queda es: ¿qué sucederá si continuamos permitiendo estos abusos sin cuestionarlos?
