La participación ciudadana es un pilar esencial para construir una democracia sólida. En el contexto de las elecciones en México, la involucración activa de los ciudadanos refleja no solo el compromiso social, sino que también asegura la legitimidad de los procesos democráticos. Por ello, distintas instituciones han estado trabajando para promover y evaluar esta participación, destacando el papel crucial de las mujeres en el ejercicio del voto.
Recientemente, el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó un estudio que pone de manifiesto el elevado nivel de compromiso de las mujeres al votar. Este informe revela que su participación ha superado a la de los hombres en varias elecciones. Este fenómeno no solo refleja una evolución social, sino que también subraya la necesidad de crear un entorno electoral que fomente la equidad de género.
El impacto de la corrupción en la democracia
Sin embargo, hay otro aspecto que merece atención: el impacto negativo de la corrupción en el sistema electoral. La corrupción socava la confianza en las instituciones democráticas y, por ende, afecta la participación ciudadana. En este contexto, las consejeras del INE, Dania Ravel Cuevas y Carla Humphrey Jordan, han enfatizado que para combatir la corrupción no solo son necesarias sanciones, sino que es fundamental promover una cultura de integridad que involucre a toda la sociedad.
La necesidad de una cultura de integridad
Construir una cultura de integridad implica que todos los miembros de la sociedad asuman un papel activo en la vigilancia de los procesos electorales. Esto se traduce en promover prácticas transparentes y exigir rendición de cuentas a quienes ocupan cargos públicos. Así, la participación ciudadana se convierte en una herramienta poderosa para contrarrestar la corrupción y fortalecer la democracia.
El desarrollo de procesos electorales en México
En el marco del Proceso Electoral Ordinario 2025-2026, el INE ha iniciado esfuerzos significativos para garantizar la transparencia y equidad en las elecciones. Este proceso incluye la firma de convenios de colaboración con instituciones locales, lo que permite una mejor organización y supervisión de las elecciones en diferentes estados del país. La colaboración entre el INE y el Instituto Electoral de Coahuila es un claro ejemplo de estos esfuerzos.
Financiamiento electoral y su fiscalización
Uno de los temas más debatidos actualmente es el financiamiento electoral. En 2025, el INE destinará más de 10 mil 444 millones de pesos en financiamiento público para partidos políticos, marcando un récord en la historia electoral de México. Sin embargo, las preocupaciones sobre la fiscalización electoral y la aplicación de sanciones ante violaciones a la normativa generan controversia. A pesar de la considerable cantidad de recursos, los informes indican que las sanciones impuestas por infracciones fueron notablemente inferiores a lo esperado.
Esto plantea interrogantes sobre la efectividad del INE en su función de supervisión y el impacto que la falta de sanciones puede tener en la equidad de la competencia electoral. Un entorno en el que las violaciones a las normativas son tratadas con laxitud puede llevar a una distorsión de la democracia y a la desconfianza de la ciudadanía.
Innovaciones en el sistema electoral
Por otro lado, el INE ha implementado nuevas plataformas digitales para facilitar la interacción de los ciudadanos con los procesos electorales. Un ejemplo de ello es el nuevo Sistema de Citas, que permite a los ciudadanos agendar y gestionar sus trámites de manera más eficiente y segura. Esto no solo optimiza los procesos, sino que también protege la información personal de los usuarios, un aspecto crucial en la era digital.
Además, el INE ha avanzado en la creación de herramientas para identificar a personas desaparecidas, utilizando su vasto acervo de datos. Este enfoque interinstitucional demuestra cómo la tecnología puede ser utilizada para abordar problemas sociales urgentes y, al mismo tiempo, reforzar la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
