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La nueva propuesta fiscal en Brasil
El ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, ha presentado una propuesta que busca ampliar el límite de exención del Impuesto de Renta para aquellos que ganan hasta R$ 5.000 al mes. Esta medida tiene como objetivo preservar los «estímulos económicos que son importantes» para el país.
La propuesta se enmarca dentro de un proyecto fiscal que busca ser neutro, es decir, que no afecte el equilibrio fiscal del gobierno mientras se fomenta el crecimiento económico.
Inversiones exentas y su relevancia
Entre las inversiones que quedarán exentas del Impuesto de Renta se encuentran la Letra de Crédito del Agronegócio (LCA) y la Letra de Crédito Inmobiliario (LCI).
Mantener la exención para estos instrumentos es un movimiento estratégico del gobierno, especialmente hacia sectores que tradicionalmente han sido reacios a las políticas del Partido de los Trabajadores (PT). La LCA, en particular, es crucial para el sector agrícola, mientras que la LCI busca estimular la construcción civil, un área vital para la economía brasileña.
Impuesto mínimo para altos ingresos
Para compensar la pérdida de ingresos fiscales derivada de la ampliación de la exención, el gobierno ha propuesto la implementación de un impuesto mínimo para aquellos que ganan más de R$ 50.000 al mes.
Esta medida está dirigida principalmente a contribuyentes que no tienen un trabajo asalariado y que obtienen ingresos significativos a través de dividendos de empresas con baja tributación. Se estima que alrededor de 141.400 personas físicas se verán afectadas por esta nueva normativa, que busca corregir una de las distorsiones más notables del sistema tributario brasileño.
Expectativas sobre la aprobación del proyecto
Haddad también fue consultado sobre la posibilidad de que el proyecto sea aprobado en el primer semestre del año. Aunque el ministro expresó su confianza en que el Congreso trabajará en ello, subrayó la importancia de que el proceso se lleve a cabo con el tiempo necesario para asegurar una discusión adecuada. La propuesta ha sido enviada con anticipación para abordar las distorsiones existentes en el sistema tributario, lo que refleja un esfuerzo por parte del gobierno para equilibrar la carga fiscal y fomentar un entorno económico más justo y sostenible.