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Un llamado a la ciudadanía
En un contexto de creciente tensión social, el Gobierno argentino ha decidido actuar con firmeza ante los disturbios ocurridos en las inmediaciones del Congreso Nacional. A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad ha lanzado una recompensa de 10 millones de pesos para quienes proporcionen información útil que conduzca a la identificación y captura de los responsables de estos actos violentos.
Esta medida busca no solo esclarecer los hechos, sino también prevenir futuros incidentes que puedan amenazar la estabilidad institucional del país.
Los disturbios y su contexto
Los disturbios, que se produjeron durante una manifestación de jubilados, fueron atribuidos a grupos organizados de barrabravas, quienes, bajo el pretexto de apoyar la causa, desataron una ola de violencia que incluyó la quema de vehículos policiales y agresiones a efectivos de seguridad.
Según el Gobierno, estos actos no solo son un ataque a la autoridad, sino que también constituyen delitos graves como la sedición y la asociación ilícita. La resolución del Gobierno enfatiza que los manifestantes pacíficos no tienen relación con los disturbios, lo que subraya la necesidad de distinguir entre la protesta legítima y la violencia organizada.
Medidas de seguridad y prevención
Ante la posibilidad de nuevas manifestaciones, el Gobierno ha anunciado que se tomarán medidas adicionales para garantizar el orden público. Con un despliegue de 900 efectivos de la Policía de la Ciudad, se espera que la próxima protesta de jubilados y pensionados sea monitoreada de cerca para evitar que se repitan los incidentes del pasado.
Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, ha declarado que es crucial proteger a la ciudadanía y asegurar el respeto a las instituciones democráticas. La respuesta del Estado ante estos hechos se considera de vital importancia para mantener la paz social y la estabilidad del país.
