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Recortes significativos en el presupuesto federal
El gobierno federal ha solicitado a la Comisión Mista de Orçamento (CMO) un remanejamiento de R$ 39,5 bilhões en el proyecto de la Ley Orçamentaria Anual para 2025. Esta medida busca ajustar el presupuesto ante la necesidad de nuevos gastos, lo que ha llevado a la administración de Luiz Inácio Lula da Silva a proponer recortes en diversas áreas, incluyendo ministerios y fondos específicos.
Afectaciones en programas sociales
Uno de los recortes más destacados es el del programa Bolsa Família, que verá una reducción de R$ 7,6 bilhões. Según el senador Randolfe Rodrigues, líder del gobierno en el Congreso, esta disminución se debe a los efectos de un “pente-fino” en el programa social, que ha permitido ajustar las previsiones de gastos sin afectar el número de beneficiarios.
Sin embargo, la preocupación por el impacto en la población vulnerable es palpable, ya que estos recortes podrían limitar el acceso a recursos esenciales para muchas familias.
El nuevo programa Gás para Todos
El gobierno también ha propuesto cambios en el programa Vale-Gás, que inicialmente tenía una previsión de gastos inferior a lo necesario.
Se destinarán R$ 3 bilhões adicionales, sumándose a los R$ 600 milhões que ya estaban previstos. Este ajuste responde a la necesidad de garantizar el acceso a la energía para las familias de bajos ingresos, y se espera que el programa cambie su nombre a Gás para Todos, reflejando un enfoque más inclusivo y accesible.
Desafíos en la aprobación del presupuesto
La situación actual del presupuesto es crítica, ya que la falta de aprobación de la Ley de Orçamentaria Anual (LOA) puede paralizar parte de la ejecución presupuestaria. Esto incluye el pago de reajustes salariales acordados con los servidores para 2024.
La presión sobre el gobierno es alta, y las entidades sindicales han comenzado a protestar exigiendo la votación del texto, lo que refleja la tensión entre la necesidad de ajustes fiscales y la defensa de los derechos laborales.
Perspectivas futuras
Con la urgencia de cumplir con las determinaciones del Tribunal de Cuentas da União (TCU) y la presión de los diferentes sectores, el gobierno deberá encontrar un equilibrio entre los recortes necesarios y el mantenimiento de programas sociales vitales. En los próximos 60 días, se espera que se levanten nuevos remanejamientos para cumplir con las exigencias del TCU, lo que podría llevar a más cambios en el presupuesto y en la forma en que se distribuyen los recursos en el país.
