El gobierno argentino se encuentra en el proceso de redacción de un decreto que busca modificar la Ley Nacional de Glaciares, un marco legal fundamental para la protección del medio ambiente en el país. Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Economía, tiene como objetivo permitir actividades industriales, incluidas la minería y la exploración de petróleo o gas en zonas periglaciares. La propuesta ha desatado un intenso debate sobre la conservación de estos ecosistemas vitales.
Detalles de la propuesta gubernamental
El proyecto del Ministerio de Economía limitaría la protección a los glaciares activos de más de una hectárea que desempeñan funciones hídricas, así como aquellos que figuran en el Inventario Nacional de Glaciares. La administración de Javier Milei asegura que los controles ambientales se mantendrán, otorgando a las provincias una mayor autonomía en la gestión de sus recursos. Sin embargo, muchos críticos cuestionan la viabilidad de estas afirmaciones, recordando un intento similar que fue abandonado debido a la falta de consenso político.
Reacciones internacionales y locales
Organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas, han expresado su preocupación por las modificaciones a la Ley de Glaciares, que consideran un hito en la legislación ambiental. En febrero de 2024, cinco relatores especiales calificaron la propuesta de “regresiva” y advirtieron sobre su posible impacto negativo en la defensa de los ecosistemas montañosos. La ley actual protege no solo las masas de hielo convencionales, sino también los “glaciares de roca” y aguas subterráneas congeladas en las cumbres donde los glaciares han desaparecido.
Un decreto polémico
Según el canal de noticias TN, el gobierno de Milei planea utilizar un decreto para modificar la Ley de Glaciares, ampliando las áreas disponibles para la explotación con el fin de proporcionar “seguridad jurídica” a los proyectos de inversión en estas zonas. Esta decisión implicaría una reducción en las zonas protegidas, permitiendo la minería y la perforación para petróleo o gas, así como la liberación de productos químicos y la construcción de infraestructuras no relacionadas con la investigación científica.
Protestas y preocupaciones ambientales
Ante las críticas de sectores ambientalistas, el gobierno ha afirmado que se requerirán informes de impacto ambiental antes de aprobar proyectos de inversión. A pesar de ello, muchos ven con recelo la intención de ceder las prerrogativas a los gobiernos provinciales sobre los espacios donde se desarrollará la industria. Nicole Becker, activista y presidenta de Jóvenes por el Clima Argentina, advierte que esta medida podría permitir la explotación de zonas periglaciares cruciales para la conservación del agua. Becker subraya que Argentina posee más de 16,000 glaciares, todos en retroceso, y enfatiza la importancia de preservar estos recursos.
La historia detrás de la Ley de Glaciares
La Ley de Glaciares fue confirmada en 2019 por la Corte Suprema, que estableció que la responsabilidad de su protección debe ser compartida entre el gobierno nacional y los provinciales. La norma obliga a realizar estudios que evalúen el impacto de las actividades en los glaciares y su entorno. Sin embargo, el gobierno nacional busca modificar esta norma para atraer inversiones extranjeras, lo que ha generado un clima de incertidumbre y temor entre los defensores del medio ambiente.
Un futuro incierto
En medio de estas tensiones, ONGs, grupos de derechos y ambientalistas han alzado la voz en contra de los esfuerzos de cabildeo por parte de empresas mineras multinacionales, que buscan influir en los gobiernos provinciales. En un comunicado conjunto, destacan que la Ley de Glaciares es un salvaguarda ambiental fundamental para ecosistemas esenciales para la vida y el trabajo de la población. Cualquier intento de debilitarla se considera una clara amenaza a la protección ambiental y a los recursos naturales estratégicos del país.
