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Contexto actual de las concesiones ferroviarias
Las concesiones ferroviarias en Brasil han sido un tema de debate constante, especialmente en un contexto donde la infraestructura de transporte es crucial para el desarrollo económico del país. Recientemente, el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) tomó una decisión que podría cambiar el rumbo de cinco importantes ferrovías: Malha Sul, Centro-Atlântica (FCA), Transnordestina, Malha Oeste y Tereza Cristina.
Esta decisión exige al Ministerio de Transportes justificar la necesidad de prorrogar los contratos de concesión, que están programados para vencer en agosto de 2026.
Confusión en las atribuciones y la necesidad de claridad
El ministro relator, Jorge Oliveira, destacó la confusión existente entre el Ministerio de Transportes, la Agencia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) y la estatal Infra S.A.
Esta falta de claridad en las atribuciones ha llevado a cuestionamientos sobre la gestión de las concesiones. Oliveira subrayó que el gobierno podría estar utilizando esta confusión para favorecer la prórroga de los contratos, lo que plantea interrogantes sobre la transparencia y la eficiencia en la administración pública.
Desafíos y propuestas para el futuro
El TCU ha otorgado un plazo de dos meses al gobierno para que presente un plan individual para cada una de las ferrovías. Este plan debe considerar los incumplimientos de los contratos que han llevado a solicitudes de caducidad.
Además, se exige que se realicen estudios que respalden la propuesta del Ministerio de licitar tramos no operacionales de estas ferrovías, en caso de que la prórroga no sea viable. Estos tramos suman cerca de 9 km, lo que representa casi la mitad del total de las concesiones.
La situación actual plantea un desafío significativo para el gobierno y las partes interesadas. La ANTT tendrá que tomar medidas para garantizar la continuidad de los servicios de transporte si no se logra una solución antes de la fecha límite. La falta de un plan claro y la incertidumbre sobre el futuro de estas concesiones podrían afectar no solo a los operadores ferroviarios, sino también a los usuarios y a la economía en general.
