Desde que Javier Milei asumió la presidencia de Argentina, el sistema ferroviario del área metropolitana de Buenos Aires atraviesa un panorama de ajuste fiscal y incertidumbre institucional. Las promesas de modernización coexisten con la dura realidad de trenes lentos, estaciones deterioradas y un ambiente sindical que evoca los peores momentos de la privatización de los años 90.
En, el gobierno de Milei declaró una emergencia ferroviaria que se extenderá por tres años, prometiendo una inversión de aproximadamente 2.2 mil millones de dólares para mejorar la señalización, instalar frenos automáticos y renovar vías y estaciones. Sin embargo, datos de la Secretaría de Transporte indican que solo se utilizó el 20 por ciento del presupuesto asignado el año pasado.
Desafíos del sistema ferroviario actual
La empresa estatal que gestiona el sistema urbano, Trenes Argentinos Operaciones, se ha quedado sin dirección durante meses, lo que ha provocado una paralización en decisiones cruciales sobre compras, licitaciones y mantenimiento. Este vacío de liderazgo ha llevado a un deterioro significativo en la calidad del servicio: los trenes operan a una velocidad promedio de 30 km/h, con interrupciones diarias y cancelaciones frecuentes en líneas importantes como Sarmiento, San Martín y Mitre.
Condiciones de seguridad en descenso
El sindicato de conductores, La Fraternidad, ha alertado sobre el deterioro constante de las condiciones de seguridad y ha denunciado la falta de inversión en el mantenimiento preventivo. La situación se vuelve crítica a medida que el gobierno de Milei aplica su política de austeridad, que ha llevado al cierre de Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF) y ha resultado en el despido de 1,400 trabajadores. Este movimiento ha sido interpretado por los sindicatos como el primer paso hacia un plan más amplio de desmantelamiento del sistema ferroviario.
Inversiones y decisiones cuestionables
A pesar de las afirmaciones del gobierno sobre la necesidad de reorganizar estructuras ineficientes y reducir subsidios, el sistema metropolitano se sostiene en gran medida gracias a las contribuciones estatales, que representan alrededor del 90 por ciento de su financiamiento. Las tarifas se han mantenido congeladas desde septiembre de, fijándose en aproximadamente 280 pesos para el primer tramo de las líneas.
Millones de personas dependen del tren para trasladarse a sus trabajos, y la falta de mantenimiento y las políticas de ajuste han generado un ciclo vicioso que resulta en viajes más largos, menor frecuencia de servicios y una creciente congestión. En este contexto, los usuarios enfrentan retrasos constantes en sus llegadas a los lugares de trabajo.
El legado de la década de Menem
Las similitudes con la década de los 90 son innegables. La ausencia de un liderazgo político firme, la falta de inversión y los despidos masivos reavivan la memoria de la desarticulación ferroviaria de aquel periodo, cuando miles de kilómetros de vías fueron cerradas y más de 70,000 trabajadores perdieron sus empleos. Aunque el sistema actual mantiene una base estatal sólida y algunos avances en modernización, expertos advierten que el rumbo actual podría revertir dos décadas de recuperación parcial.
Perspectivas futuras y decisiones críticas
El reto del gobierno de Milei es claro: reducir el déficit sin desmantelar un servicio esencial. Sin embargo, hasta ahora, las decisiones parecen priorizar el ahorro fiscal sobre la planificación técnica. Si no se realizan inversiones sostenidas ni se implementa una gestión profesional, el sistema ferroviario metropolitano podría llegar a un punto crítico.
Si bien la situación actual no es tan alarmante como en la década de 1990, se manifiesta como una de las peores etapas en mucho tiempo. Si la emergencia ferroviaria no se traduce en mejoras tangibles, Argentina podría regresar a un escenario que se creía superado: el de trenes lentos, deteriorados y olvidados.
