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El contexto del archivo ‘Punhal Verde e Amarelo’
En un giro inesperado de los acontecimientos políticos en Brasil, el general Mário Fernandes ha declarado ante el Supremo Tribunal Federal (STF) que el archivo titulado «Punhal Verde e Amarelo», hallado en su computadora, no está vinculado a un supuesto complot para asesinar a autoridades y mantener al ex-presidente Jair Bolsonaro en el poder.
Esta declaración se produce en el marco de una investigación que ha sacudido los cimientos de la política brasileña, donde se han presentado graves acusaciones de conspiración y golpe de Estado.
La defensa de Fernandes argumenta que el archivo, que fue encontrado en un disco duro desconectado, nunca fue presentado a ninguna de las personas involucradas en la investigación.
Según sus abogados, el informe policial no proporciona evidencia que contradiga esta afirmación, lo que plantea interrogantes sobre la validez de las acusaciones en su contra.
Las acusaciones y su impacto
La denuncia de la Procuraduría General de la República (PGR) sostiene que el documento «Planejamento Punhal Verde Amarelo» contenía planes que amenazaban la libertad y la vida de figuras clave como el ministro Alexandre de Moraes, el presidente Lula y el vicepresidente Geraldo Alckmin.
Sin embargo, la defensa del general sostiene que no hubo discusión ni hallazgo de este plan entre los investigados, lo que podría debilitar la acusación.
El caso ha generado un gran revuelo en la opinión pública, ya que se menciona que la operación «Copa 2022» tenía como objetivo llevar a cabo un plan de arresto y asesinato contra autoridades en diciembre de 2022.
Sin embargo, este plan nunca se ejecutó, lo que añade una capa de complejidad a la narrativa que rodea el caso.
La defensa de los implicados
En medio de este escándalo, la defensa del ex-ministro Anderson Torres ha presentado su propia versión de los hechos.
Torres ha afirmado que la minuta de un decreto golpista encontrada en su hogar no es la misma que la presentada a los jefes de las Fuerzas Armadas en diciembre de 2022. Esta afirmación contradice el testimonio del ex-comandante del Ejército, quien aseguró que ambos documentos eran idénticos.
La defensa de Torres argumenta que el testimonio del general no es suficiente para establecer una conexión directa entre él y las acusaciones de conspiración. Además, se ha señalado que no se encontraron huellas dactilares de los denunciados en la minuta, lo que podría indicar que no hay pruebas concretas que vinculen a Torres con las acciones ilegales que se le imputan.
La situación actual y sus repercusiones
A medida que avanza la investigación, la atención se centra en cómo estos eventos afectarán el panorama político en Brasil. La defensa de los implicados sostiene que, si se hubieran seguido los planes de seguridad adecuados, los ataques a las sedes de los Poderes el 8 de enero de 2023 podrían haberse evitado. Esto plantea preguntas sobre la eficacia de las medidas de seguridad y la responsabilidad de los líderes en momentos críticos.
El caso del archivo «Punhal Verde e Amarelo» no solo pone en tela de juicio la integridad de los acusados, sino que también refleja la polarización y la tensión que caracterizan la política brasileña actual. A medida que se revelan más detalles, el público espera respuestas claras y justas que puedan restaurar la confianza en las instituciones del país.
