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El sistema de nombramientos en la CABA
Desde la gestión de Mauricio Macri, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido objeto de críticas por su opacidad en los procesos de nombramiento de jueces y fiscales.
Este sistema, conocido como «mecanismo de nombramiento miti y miti», permite que ciertos candidatos, a menudo recomendados por figuras políticas influyentes, sean seleccionados a pesar de no ser los más calificados. Legisladores como Facundo del Gaiso y Graciela Ocaña han denunciado que este proceso favorece a operadores judiciales del Partido Justicialista y de la Unión Cívica Radical, lo que plantea serias dudas sobre la independencia del poder judicial.
Las conexiones políticas detrás de los nombramientos
Los nombramientos de magistrados no son simplemente el resultado de un concurso público. Según Del Gaiso, los «paquetes» de candidatos llegan a la legislatura tras un acuerdo político entre figuras como Juan Manuel Olmos y Daniel «Tano» Angelici.
Este tipo de acuerdos, que se realizan a espaldas del público, generan un clima de desconfianza en la justicia. La falta de transparencia en el proceso de selección ha llevado a que muchos magistrados sean considerados «fictos», es decir, que no han sido votados por la mayoría de los legisladores, lo que pone en entredicho su legitimidad.
El impacto en la justicia y la sociedad
La situación actual del Consejo de la Magistratura, presidido por Karina Leguizamón, refleja una red de influencias que compromete la integridad del sistema judicial. Las conexiones entre los consejeros y figuras políticas como Angelici y Olmos son motivo de preocupación.
La reciente controversia en torno a la jueza Karina Andrade, quien liberó a 114 detenidos en un tiempo récord, ha reavivado el debate sobre la calidad de los magistrados y su capacidad para actuar de manera justa y equitativa. La percepción de que la justicia está al servicio de intereses políticos en lugar de la ley es un tema que resuena en la sociedad, generando desconfianza y frustración entre los ciudadanos.
La necesidad de una reforma judicial
Ante este panorama, surge la necesidad de una reforma judicial que garantice la transparencia y la independencia en el nombramiento de jueces. La ciudadanía exige un sistema que priorice la meritocracia y la justicia, en lugar de los acuerdos políticos que han caracterizado el proceso actual. La presión para cambiar este sistema es cada vez mayor, y es fundamental que los legisladores escuchen las demandas de la sociedad para restaurar la confianza en el poder judicial.
