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La denuncia de Elisa Carrió
Recientemente, la exdiputada Elisa Carrió ha hecho una fuerte declaración en el juzgado de Alejo Ramos Padilla, donde argumenta que el decreto emitido por Javier Milei, que designa a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como miembros de la Corte Suprema, es «inconstitucional y nulo de nulidad absoluta e insanable». Esta afirmación ha generado un amplio debate en el ámbito político y judicial de Argentina, donde la independencia de la justicia es un tema de gran relevancia.
Violaciones a la Constitución Nacional
Carrió sostiene que la designación de los jueces a través de un decreto viola de manera directa la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que tienen jerarquía constitucional. Según la exdiputada, este tipo de nombramientos atenta contra los principios esenciales del sistema republicano, como la independencia judicial y la división de poderes. En su presentación, Carrió enfatiza que la Constitución establece un procedimiento especial y reforzado para la designación de los jueces de la Corte Suprema, que requiere el acuerdo del Senado por dos tercios de los miembros presentes en sesión pública.
La norma excepcional de Milei
El decreto de Milei ha sido justificado por el uso de una norma excepcional que permite cubrir provisoriamente otros cargos, como embajadores o jefes militares, solo cuando la vacante ocurre durante el receso legislativo. Sin embargo, Carrió argumenta que esta norma no es aplicable a la Corte Suprema, cuyos miembros deben ser designados mediante el procedimiento constitucional específico. Esta controversia no solo pone en tela de juicio la legalidad del decreto, sino que también plantea interrogantes sobre el futuro de la justicia en Argentina y la relación entre el poder ejecutivo y el judicial.
Reacciones y consecuencias
La denuncia de Carrió ha provocado reacciones en diversos sectores de la sociedad argentina. Muchos ciudadanos y expertos en derecho han expresado su preocupación por el posible debilitamiento de la independencia judicial en el país. La situación actual exige un análisis profundo sobre cómo se están llevando a cabo los nombramientos en la Corte Suprema y qué implicaciones tendrán para el sistema democrático argentino. La controversia continúa desarrollándose, y es fundamental que se mantenga un debate abierto y transparente sobre el tema.
