La decisión del Congreso mexicano sobre la reforma de telecomunicaciones
Recientemente, el Congreso de México ha decidido pausar el proceso legislativo relacionado con la reforma de telecomunicaciones propuesta por el gobierno federal. Esta decisión fue respaldada por la Barra Mexicana de Abogados y el Rule of Law Impact Lab de la Universidad de Stanford, quienes resaltaron la importancia de permitir un diálogo más amplio sobre el tema. La reforma tiene como objetivo principal transformar significativamente el papel del gobierno en la regulación de las telecomunicaciones y los medios digitales, además de limitar la difusión de propaganda de gobiernos extranjeros en México.
Detalles sobre la reforma y sus implicaciones
El proyecto de ley, que fue aprobado por las comisiones del Senado el 24 de abril, buscaba ser discutido por los 128 senadores. Sin embargo, antes de que esto ocurriera, la mesa directiva del Senado decidió retirar la propuesta a instancias de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien abogó por un diálogo previo con las partes interesadas y por realizar modificaciones al texto original. La semana pasada, el Senado aprobó un formato para que este diálogo se lleve a cabo, y los senadores relevantes han indicado que se elaborará un nuevo proyecto de ley en las próximas semanas, una vez que se escuchen las opiniones de los actores involucrados.
Preocupaciones sobre la libertad de expresión
La reforma ha suscitado preocupaciones sobre la libertad de expresión. En un comunicado conjunto, la Barra Mexicana de Abogados y el Rule of Law Impact Lab expresaron su reconocimiento de la decisión de pausar el proceso legislativo para permitir una discusión más informada. En el comunicado, se destacó que la propuesta de ley contiene disposiciones excesivamente amplias y ambiguas, que autorizarían a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones a bloquear plataformas digitales temporalmente a solicitud de las autoridades pertinentes, sin definir claramente las circunstancias aplicables o establecer mecanismos de control adecuados.
Reacciones de los actores políticos
La presidenta Sheinbaum rápidamente intentó calmar los temores, sugiriendo que el texto relevante se modifique para aclarar que su administración no tiene la intención de censurar contenido. En su declaración del 25 de abril, propuso eliminar o modificar el artículo 109 del proyecto de ley para que quede claro que el gobierno de México no censurará a nadie, especialmente en lo que respecta a las plataformas digitales.
Por otro lado, los legisladores de oposición argumentaron que la legislación original promovía la censura al prohibir que plataformas como Facebook publicaran en México publicidad financiada por gobiernos extranjeros, salvo información cultural o turística. El senador Ricardo Anaya, del Partido Acción Nacional, afirmó que el partido en el poder busca un control total de internet, medios de comunicación y redes sociales, sugiriendo que esto forma parte de un plan más amplio de censura.
Más allá de la propaganda extranjera
A pesar de las críticas, la reforma no solo es una respuesta a la propaganda anti-inmigración que el gobierno de EE. UU. llevó a las ondas mexicanas. Sus defensores argumentan que también es un esfuerzo serio por cerrar la brecha digital que persiste en el país. La Barra Mexicana de Abogados y el Rule of Law Impact Lab enfatizaron que cualquier regulación en telecomunicaciones y radiodifusión debe alinearse con los estándares internacionales de libertad de expresión, considerándolos pilares esenciales en cualquier estado democrático que respete el estado de derecho.
El futuro del diálogo en la reforma de telecomunicaciones
Ambas organizaciones subrayaron que la discusión futura sobre la propuesta de telecomunicaciones debe incluir un análisis riguroso desde la perspectiva de los derechos humanos, prestando especial atención al derecho a la libertad de expresión en concordancia con el marco constitucional e internacional vigente. Solo a través de un enfoque centrado en la dignidad del individuo y el deber público de comunicación se podrá diseñar una legislación que fortalezca la democracia, en lugar de debilitarla.
