Un incremento alarmante en el gasto publicitario
En los últimos años, la publicidad estatal en Brasil ha experimentado un crecimiento significativo, especialmente bajo la administración de Luiz Inácio Lula da Silva. Este año, se estima que los contratos de publicidad del gobierno federal y de empresas controladas por el Tesoro Nacional podrían alcanzar la asombrosa cifra de R$ 3,5 mil millones. Este aumento es notable en comparación con los R$ 2,5 mil millones de la gestión anterior de Jair Bolsonaro, lo que plantea serias preguntas sobre la gestión y la transparencia en el uso de recursos públicos.
Intereses políticos y publicidad oficial
La confusión entre los intereses públicos y la propaganda electoral es un tema recurrente en la publicidad oficial. Si bien es indiscutible la necesidad de informar al público sobre campañas de salud, como las de vacunación, la línea se vuelve borrosa cuando se promocionan programas que parecen estar más alineados con las agendas políticas de los gobernantes. La situación se complica aún más por el contexto actual de Lula, quien ha designado a su marqueteiro como ministro de Comunicación Social, priorizando la mejora de su imagen pública en un momento de baja aprobación.
Falta de transparencia y criterios en la distribución de recursos
La falta de criterios técnicos en la asignación de recursos publicitarios ha sido un punto de crítica constante. En 2020, el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) señaló que no había criterios claros para la distribución de fondos entre las emisoras de televisión durante la administración de Bolsonaro. Desde el inicio de las gestiones del Partido de los Trabajadores, los medios afines a la izquierda han recibido montos significativos, mientras que otros han visto reducidos sus ingresos. Además, las empresas estatales, que manejan la mayor parte de estos recursos, no han seguido prácticas de divulgación regular sobre los beneficiarios de estos fondos, lo que genera dudas sobre la equidad y la transparencia en el uso del dinero público.
La necesidad de una regulación más estricta
La legislación actual establece límites para el gasto publicitario en las empresas estatales, pero esto no es suficiente para disipar las preocupaciones sobre la falta de licitaciones transparentes y la gestión de los recursos. Recientemente, se abrió una licitación de R$ 380 millones por parte de los Correos, que ha sido retirada del programa de privatización, acumulando pérdidas significativas en los últimos años. El TCU también ha señalado la falta de indicadores y metas para evaluar la efectividad de las campañas publicitarias del gobierno, lo que subraya la necesidad de una revisión urgente de los procesos de gasto público en este ámbito.
