El 26 de febrero de 2026, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una modificación relevante en su política de sanciones: autoriza la exportación de petróleo y gas a Cuba siempre que los envíos estén destinados exclusivamente a personas o empresas del sector privado cubano. Esta decisión se presenta en el contexto de una profunda crisis energética en la isla, marcada por la interrupción de suministros que afectó el transporte, la electricidad y servicios básicos.
La medida activa la llamada Excepción de Licencia SCP (Support for the Cuban People), que permite ciertas transacciones destinadas a aliviar necesidades civiles sin que los recursos lleguen a instituciones estatales o militares. El anuncio incluye condiciones concretas que deben cumplirse por parte de exportadores y destinatarios.
Qué exige la nueva regulación
Las directrices publicadas por el Departamento del Tesoro y del Comercio especifican que solo podrán autorizarse exportaciones de gas y productos petroleros cuando estén dirigidas a personas o entidades privadas en Cuba para uso personal o actividades económicas privadas. Queda terminantemente prohibida la venta que financie o beneficie al gobierno cubano, sus agencias o las fuerzas armadas.
Responsabilidades de exportadores y verificaciones
Los exportadores deben asegurarse y documentar que sus envíos cumplen con las condiciones de la licencia SCP. Las autoridades estadounidenses recuerdan que es responsabilidad del vendedor revisar las reglas de exportación y reexportación vigentes del Departamento de Comercio y la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Tesoro. En la práctica, esto implica controles de destinatario final y mecanismos para evitar la desviación hacia entidades estatales.
Contexto y causas de la medida
La decisión llega tras la paralización de envíos petroleros desde Venezuela, derivada de sanciones y cambios políticos que alteraron el flujo regional de hidrocarburos. Esa interrupción dejó a Cuba en una situación crítica, con cortes y racionamientos que intensificaron la presión social y económica.
Política y objetivos declarados
La administración estadounidense argumenta que la autorización busca apoyar directamente al pueblo cubano y fomentar la resiliencia del sector privado independiente, sin aliviar al Estado ni a las estructuras militares. La medida encaja en una estrategia para equilibrar sanciones con alivios selectivos que lleguen a ciudadanos y negocios privados.
Implicaciones prácticas para empresas y la isla
Empresas estadounidenses —y, en ciertos casos, extranjeras sujetas a excepciones— podrán solicitar autorizaciones o actuar bajo la Excepción SCP, siempre que implementen mecanismos de verificación del destinatario final. En la práctica, esto abre la posibilidad de que pequeños negocios, comerciantes y consumidores privados accedan a combustible importado, mientras que cualquier operación que involucre al gobierno cubano queda excluida.
Escenarios y limitaciones
En la práctica, el esquema podría facilitar la llegada de gasolina y gas a nivel local, beneficiando sectores urbanos y rurales que operan fuera del aparato estatal. Sin embargo, la logística, el financiamiento y la trazabilidad son retos: los exportadores deben demostrar cumplimiento y las autoridades estadounidenses pueden imponer sanciones si detectan desviaciones.
Balance y posibles efectos futuros
La normativa representa un ajuste en la política hacia Cuba: por un lado, pretende aliviar una crisis humanitaria limitada mediante suministros a actores privados; por otro, mantiene la presión sobre el gobierno al impedir envíos que lo beneficien. Queda por verse cómo responderán los mercados energéticos, los intermediarios y La Habana a esta ventana regulatoria.
Finalmente, la medida llega acompañada de otras iniciativas de Washington, como ayuda humanitaria canalizada por ONGs y la Iglesia católica, que buscan complementar el impacto de las exportaciones comerciales. El éxito de esta estrategia dependerá de la capacidad para garantizar que el petróleo y el gas autorizados lleguen realmente a ciudadanos y empresas privadas cubanas, sin alimentar estructuras estatales.
