La presidencia autorizó un plan estratégico destinado a guiar la revisión del T‑MEC, según informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Ese plan recoge los insumos obtenidos durante las mesas de consulta pública celebradas previamente (evento inicial del 9 de marzo) y fue presentado oficialmente el 16 de marzo, días antes de la reunión bilateral programada para el 18 de marzo. En la elaboración participaron más de 30 sectores, incluidos 40 representantes del sector privado y vocerías del sector agropecuario, el movimiento obrero y la academia, con la colaboración técnica del INEGI y el Banxico.
El documento aprobado busca articular demandas concretas sobre tres ejes principales: la reducción de la dependencia comercial en cadenas críticas, la clarificación de las reglas de origen y el fortalecimiento de la seguridad económica para productores y cadenas productivas. El gobierno admite que hay insumos que no se pueden sustituir a corto plazo, pero apunta a identificar proyectos de inversión e infraestructura para aumentar la capacidad local en sectores como el farmacéutico, el pecuario y la industria automotriz, donde ya se han observado avances.
Organización interna y roles clave
La estrategia para la revisión del tratado adquirió un tono pragmático: la presidenta Claudia Sheinbaum optó por dejar la operación en manos de la Secretaría de Economía, con Marcelo Ebrard como operador principal. Sin embargo, la negociación será multidisciplinaria; autoridades como Juan Ramón de la Fuente asumirán la relación política con Washington, mientras que el eje de seguridad contempla la participación de figuras vinculadas al combate al crimen organizado y control de armas. En finanzas y escenarios macroeconómicos participan funcionarios como Edgar Amador y María del Carmen Bonilla, y la banca de desarrollo prepara instrumentos para respaldar a sectores estratégicos.
Coordinación y desafíos
Especialistas han señalado una coordinación aún incipiente entre dependencias; la dispersión de agendas exige un esfuerzo de armonización para que las propuestas sean coherentes en la mesa de negociación. Figuras como Luz Elena González (energía), Alicia Bárcena (comercio y medio ambiente), Julio Berdegué (agricultura) y José Merino (ciberseguridad y comercio electrónico) aportan competencias específicas. La representación en Estados Unidos, encabezada por Esteban Moctezuma, tendrá un papel central para consolidar la interlocución diplomática y técnica.
Demandas del sector privado y expectativas para la negociación
En las mesas se logró un consenso amplio en favor de mantener el tratado trilateral, pero con ajustes dirigidos a proteger cadenas productivas y reducir vulnerabilidades ante choques geopolíticos. El sector farmacéutico, por ejemplo, exige agilizar trámites regulatorios para impulsar la producción local; fuentes señalan que la compra consolidada de medicamentos proyectada para 2027‑2028 podría alcanzar los 400 mil millones de pesos, un incentivo para mejorar procesos regulatorios. La propuesta mexicana incluye medidas para dar mayor certidumbre a productores frente a tensiones externas.
Riesgos y oportunidades
Reducir la dependencia comercial implica identificar qué se puede sustituir, cómo financiarlo y qué infraestructura requiere el país. En el corto plazo existen limitaciones —no todo es reemplazable—, pero la experiencia reciente en la industria automotriz muestra que con inversiones focalizadas se pueden obtener resultados significativos. La discusión también toca el concepto de soberanía sanitaria, cuya viabilidad depende tanto de mejoras regulatorias como de inversión productiva y logística.
Tono público y contexto mediático
En el plano público, la revisión del tratado se desarrolla en un clima donde las declaraciones —incluso satíricas— generan ruido. Por ejemplo, una pieza humorística de El Jalapeño parodió comentarios diplomáticos sobre la relación bilateral; es importante subrayar que ese texto es satírico y no representa comunicados oficiales. La agenda real continúa con compromisos técnicos y políticos: la reunión del 18 de marzo constituye la primera etapa formal de este ciclo de revisión, con un plan aprobado que servirá como hoja de ruta para defender intereses económicos y estratégicos del país.
En síntesis, el gobierno mexicano llega a la negociación con una estrategia aprobada por la presidencia y un conjunto de prioridades acordadas en las mesas de consulta. Aunque persisten desafíos de coordinación interna y limitaciones estructurales, la intención declarada es proteger la integración trilateral y aprovechar la revisión del T‑MEC para reducir vulnerabilidades y reforzar la seguridad económica de sectores clave.
