El Fondo Garantidor de Créditos (FGC) consiguió autorización judicial para retirar R$ 3.000 millones de los recursos reservados de la masa falida del Banco Cruzeiro do Sul, que fue declarado en quiebra en 2015. La extracción fue solicitada en diciembre de 2026 con el argumento de evitar que los fondos pierdan valor frente a la inflación y fue cubierta por la entrega de títulos del Tesoro atados a la Selic, específicamente LFT, como garantía. El movimiento, sin embargo, desencadenó un enfrentamiento con algunos acreedores que reclaman la devolución del monto.
Los grupos de acreedores, entre ellos fondos extranjeros representados por el estudio Levy & Salomão, sostienen que la maniobra altera el rito de la quiebra y perjudica los rendimientos que la masa obtenía al mantener el dinero en un fondo de renta fija administrado por Banco do Brasil. El juez Eduardo Azuma Nishi resolvió, a pedido de esos acreedores, que el FGC deshaga el intercambio y restituya los recursos hasta el viernes 13 de marzo de 2026, decisión frente a la cual el fondo presentó un recurso.
Motivos del reclamo y cálculos contrapuestos
Los demandantes calculan que la masa falida deja de percibir cerca de R$ 45 millones mensuales al no contar con el dinero aplicado en el fondo del Banco do Brasil. En contraste, el FGC sostiene que las LFT ofrecidas como garantía rendirán más porque no implican comisiones de gestión, estimando una ventaja aproximada de R$ 50 millones en un horizonte de cinco años. Estos argumentos financieros están plasmados en escritos presentados ante la justicia y explican la urgencia de ambas partes para mantener o recuperar la liquidez.
El conflicto de fondo: responsabilidades y acuerdos propuestos
Detrás de la disputa por los R$ 3.000 millones hay otra controversia: si el FGC tuvo algún papel en la caída del banco, ya que actuó también como liquidador. Parte de los acreedores acusa al FGC de haber rescatado CDB del Cruzeiro do Sul 48 horas antes de la intervención del Banco Central, reduciendo así los activos disponibles para repartir. Para zanjar los pleitos, los representantes de los fondos propusieron un acuerdo en el que el FGC pagaría R$ 943,5 millones a la masa falida a cambio del fin de las demandas y del cierre de la quiebra.
Reacción esperada del FGC
Fuentes cercanas al proceso indican que el FGC probablemente rechazará la oferta y continuará la disputa judicial para recuperar lo que considera un derecho sobre los R$ 3.000 millones que le corresponderían. En sus presentaciones, el fondo niega haber causado la quiebra, recuerda que la justicia ya reconoció la delicada situación del banco y subraya condenas a los controladores por fraudes. Mientras tanto, el proceso de pago a la masa falida sigue siendo lento: el banco mantiene un pasivo sin saldar y quedan pendientes diversos reclamos.
Contexto más amplio: efectos en la liquidez del FGC y caso Master
La polémica ocurre en un momento en que la caja del FGC había sufrido tensiones tras la liquidación del conglomerado del Banco Master, que redujo casi a la mitad la liquidez del fondo tras el pago de garantías. Para recomponer recursos, se acordó que los bancos adelanten sus contribuciones obligatorias por un período de 60 meses, comenzando el 25 de marzo, por un total de R$ 32,5 mil millones. En junio de 2026 el fondo registraba una liquidez de R$ 121 mil millones, cifra relevante para entender la capacidad de maniobra del FGC frente a múltiples obligaciones.
Impacto para los acreedores y posible desenlace
Si la orden judicial que exige la devolución de los R$ 3.000 millones no se revierte en las instancias de apelación, la masa falida recuperaría liquidez y los acreedores aumentarían sus ingresos por rendimientos. Si el FGC logra mantener las LFT, el debate continuará sobre la equivalencia entre instrumentos financieros y el respeto al procedimiento concursal. En ese contexto, la posibilidad de un acuerdo amplio sigue encima de la mesa, aunque con posturas muy distantes entre las partes.
Qué sigue en la agenda judicial
Los próximos pasos incluyen la resolución del recurso interpuesto por el FGC contra la orden de devolución y la eventual convocatoria de una asamblea de acreedores si prospera alguna propuesta de acuerdo. Mientras tanto, la administración de la masa falida continúa haciendo repartos parciales conforme rinden los activos, y la controversia servirá como caso de referencia para futuros procesos concursales y para la discusión sobre el papel del fondo garante como acreedor y liquidador simultáneamente.
