En Colombia se reactivaron negociaciones con grupos armados que habían quedado en pausa por tensiones políticas y operativas. A mediados de febrero de 2026 (17 y 18 de febrero de 2026) los equipos negociadores volvieron a encontrarse después de que el gobierno aclarara posiciones y se abrieran canales de diálogo facilitados por actores internacionales y por la iglesia católica. Estas conversaciones buscan avanzar en procesos de desmovilización y reducción de la violencia en regiones afectadas.
Los episodios que condujeron a la suspensión incluyeron declaraciones de altos mandos del Estado sobre la intención de capturar o dejar fuera de combate a líderes insurgentes, lo que generó desconfianza en las partes. Tras el retiro de esas amenazas públicas y la intervención de mediadores, los representantes de las organizaciones armadas decidieron retomar las negociaciones en la capital.
Contexto y motivos de la suspensión
Las conversaciones habían avanzado desde meses atrás, con mesas instaladas en distintas sedes internacionales y nacionales. No obstante, una cadena de decisiones y anuncios públicos —entre ellos la intención de coordinar esfuerzos internacionales para ubicar a cabecillas— provocó la suspensión temporal. El punto central de fricción fue la percepción de que las autoridades priorizaban operativos contra dirigentes como Chiquito Malo, lo que las organizaciones interpretaron como una ruptura de la confianza necesaria para el diálogo.
Percepciones y reacciones
Las agrupaciones armadas vieron las medidas como un incumplimiento del espíritu negociador; por su parte, el Ejecutivo sostuvo que la búsqueda de responsables de delitos no es incompatible con la negociación. Este choque retórico escaló hasta la retirada de los delegados de la mesa, aunque no implicó un cese definitivo de la vía diplomática.
Qué cambió para permitir la reanudación
La vuelta a la mesa no fue casual: hubo gestiones diplomáticas de terceros países y el acompañamiento de la iglesia católica que contribuyeron a bajar la tensión. Gobiernos y entidades internacionales ofrecieron garantías para crear un ambiente propicio y facilitar acuerdos técnicos sobre zonas de encuentro, medidas de confianza y calendarios para avanzar hacia la desmovilización gradual.
Mediación y garantías
Se comentó públicamente el papel de Estados y organizaciones europeas que actuaron como facilitadores, ofreciendo rutas para verificar compromisos y asegurar que las fases de negociación no se vean afectadas por operaciones militares sorpresivas. Además, la posibilidad de establecer áreas de negociación donde se limiten las acciones judiciales y operativas fue uno de los puntos técnicos explorados en las reuniones preliminares.
Alcance de las conversaciones y temas centrales
En las mesas se discuten asuntos clave: mecanismos de desarme, condiciones legales para la reintegración, medidas para la protección de comunidades y esquemas de desarrollo territorial para regiones golpeadas por la violencia. El objetivo declarado por el gobierno es combinar seguridad y garantías jurídicas que permitan transformar la confrontación armada en soluciones políticas.
Los grupos implicados mantienen exigencias sobre candidaturas políticas, esquemas de protección y compensaciones por daños en sus zonas de influencia. El Ejecutivo, por su parte, insiste en que cualquier avance debe contemplar la investigación y sanción de delitos graves, dentro de márgenes que permitan progresos en la pacificación.
Implicaciones para las regiones afectadas
La reanudación del diálogo genera expectativas en municipios del noroeste y en territorios de frontera donde la criminalidad ha moldeado la vida cotidiana. Si los acuerdos avanzan, se esperan reducciones en enfrentamientos, menor control de economías ilegales por parte de los grupos armados y mayores posibilidades de implementación de proyectos sociales y de seguridad.
No obstante, expertos advierten que los procesos son frágiles: la confianza entre las partes es limitada y cualquier incidente podría condicionar el ritmo de las negociaciones. Por eso los mediadores subrayan la necesidad de protocolos claros, supervisión internacional y compromisos verificables para sostener el proceso.
Perspectivas y próximos pasos
Los interlocutores se han comprometido a mantener reuniones periódicas y a negociar cronogramas que incluyan fases concretas de desarme, verificación y reinserción. La expectativa es que, con acompañamiento externo y medidas de confianza mutua, las conversaciones puedan traducirse en acuerdos prácticos que mejoren la seguridad y las condiciones de vida en las zonas afectadas.
Mientras tanto, la sociedad civil, las comunidades afectadas y los organismos internacionales permanecen atentos a la evolución del proceso. El reto será sostener la interlocución en el tiempo y transformar los compromisos en resultados tangibles para quienes han sufrido décadas de violencia.
