En una comunicación dirigida a funcionarios electorales, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que los agentes de Immigration and Customs Enforcement (ICE) no estarán realizando patrullajes dentro de los centros de votación durante las elecciones de medio término del 3 de noviembre de 2026. La nota, transmitida en una llamada virtual con secretarios de estado y funcionarios locales, buscó desmentir versiones que especulaban sobre la presencia de agentes federales en los centros de votación.
Aunque el DHS calificó esas versiones como desinformación, la aclaración no ha eliminado completamente la preocupación entre autoridades y comunidades que han sufrido despliegues federales intensos en meses recientes. La credibilidad del anuncio choca con la memoria de operaciones como la denominada Operation Metro Surge, que generó tensiones y controversias especialmente en Minnesota.
Contexto de desconfianza: operativos federales y sus consecuencias
La inquietud pública no surge de la nada. En enero de 2026, la operación masiva en Minneapolis movilizó a miles de agentes federales y concluyó con arrestos masivos y la muerte de dos residentes durante redadas, hechos que provocaron protestas y un debate nacional sobre el alcance de las intervenciones federales en comunidades locales. Para muchos líderes y vecinos, esos episodios explican por qué un simple comunicado del DHS no basta para disipar temores.
Reacciones locales y límites de cooperación
Autoridades estatales y municipales en Minnesota, incluido el gobernador Tim Walz y el alcalde de Minneapolis Jacob Frey, han señalado públicamente que no cambiaron sus políticas para facilitar la acción de ICE tras el operativo. Según estos dirigentes, lo que hubo fue una mayor comunicación entre agencias, no una modificación de prácticas ni una cesión de competencia por parte de las autoridades locales.
El papel de los «detainers» y el riesgo legal
Otro elemento que alimenta la fricción son los llamados detainers que ICE envía a cárceles locales para solicitar la retención de personas. Estos documentos no equivalen a una orden judicial y, por tanto, exponen a condados y prisiones a demandas por posibles detenciones civiles indebidas. Esa ambigüedad legal complica la relación entre los niveles federal y local y contribuye a la cautela frente a cualquier intervención externa en espacios sensibles.
Elecciones y responsabilidades: quién organiza y qué límites existen
En el sistema estadounidense las elecciones son administradas por los estados, no por la administración federal. Esto implica que cualquier presencia de fuerzas federales en un contexto electoral estaría fuera de lo habitual y sujeta a restricciones legales estrictas. Funcionarios demócratas y organizaciones civiles han alertado que la entrada de agentes federales en colegios electorales podría erosionar la confianza ciudadana o, en ciertos casos, vulnerar protecciones constitucionales.
La postura del DHS y la persistencia de la desconfianza
Durante la llamada con autoridades electorales, Heather Honey, responsable de asuntos de seguridad electoral en el DHS, describió como «simplemente desinformación» las versiones que aseguraban la presencia de agentes de inmigración en los centros de votación. Sin embargo, varios secretarios de estado y funcionarios locales expresaron reservas sobre la certeza absoluta de que no haya episodios aislados en algún lugar del país, reflejando una desconfianza que va más allá de comunicados oficiales.
Decisiones judiciales y datos sensibles
Paralelamente a las preocupaciones por el despliegue de agentes, existen desarrollos legales que generan inquietud en la comunidad migrante. Un juez autorizó compartir ciertos datos básicos de Medicaid con ICE, una medida que, aunque limitada, alimenta el temor de que información sanitaria pueda usarse para fines migratorios. Para las personas indocumentadas y defensores de derechos civiles, esa autorización representa otro factor que erosiona la sensación de seguridad en espacios públicos y servicios esenciales.
Impacto en la participación y la percepción pública
La conjunción de operativos federales visibles, disputas sobre detainers y autorizaciones judiciales para compartir datos médicos crea un caldo de cultivo para la desconfianza. Aunque no haya evidencia de un plan oficial para que ICE vigile los colegios electorales el 3 de noviembre de 2026, la experiencia reciente hace que comunidades y autoridades locales mantengan la guardia alta.
La tensión entre la necesidad de seguridad y la protección de derechos civiles seguirá siendo un tema central en el debate público de cara a los comicios.
