La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia formalizó la acusación contra varios parlamentarios y ordenó la privación de la libertad de dos de ellos como medida cautelar. La determinación, adoptada en sesiones del 11 y 12 de marzo de 2026, alcanza a los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique, en el marco de una investigación por presunta corrupción vinculada a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El tribunal considera que existe material probatorio suficiente para avanzar de la investigación a la etapa de acusación por el delito de cohecho impropio.
Según la resolución, el origen de la pesquisa se remonta al segundo semestre de 2026, cuando los involucrados integraban la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. La hipótesis de trabajo apunta a que congresistas habrían condicionado su labor legislativa a ofrecimientos realizados por funcionarios del Ministerio de Hacienda, a cambio de que se impulsaran contratos y obras relacionadas con la UNGRD en los departamentos de Córdoba, Arauca y Bolívar. En particular, la investigación menciona el impulso de contratos de contratación pública y tareas de interventoría como la contraprestación por tramitar determinadas operaciones de crédito.
Qué resolvió la Corte y a quiénes alcanza
La providencia ordenó la medida de aseguramiento en centro carcelario para Wadith Alberto Manzur Imbett y Karen Astrith Manrique Olarte, mientras que otros procesados seguirán vinculados al proceso en libertad. Entre estos últimos figuran la senadora Liliana Esther Bitar Castilla, los congresistas Juan Pablo Gallo Maya y Julián Peinado Ramírez, además del excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera. Una vez la decisión quede en firme, el expediente será remitido a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema para adelantar el juicio y determinar responsabilidades penales.
Medidas procesales e impacto parlamentario
La Sala dispuso informar oficialmente al Congreso de la República para que se active el procedimiento de suspensión de funciones de los legisladores acusados mientras avanza el proceso penal. En caso de pérdida definitiva de la curul por condena firme, renuncia o pérdida de investidura, la vacante se cubriría según los resultados certificados por el Consejo Nacional Electoral, de modo que la curul permanecería en la misma lista o partido. Estas decisiones buscan garantizar el normal desarrollo del proceso y la sujeción de los investigados al trámite penal correspondiente.
Elementos de la acusación
La Sala Especial de Instrucción concluyó que el amplio material recaudado durante la etapa investigativa permite formular la acusación por el delito de cohecho impropio. Entre las pruebas mencionadas aparecen actas de reuniones, comunicaciones y testimonios que, según el tribunal, muestran acuerdos para respaldar trámites de crédito de interés del Ministerio de Hacienda a cambio de beneficiar proyectos de la UNGRD. La providencia hace referencia de manera puntual a tres iniciativas en Córdoba, Arauca y Bolívar cuya ejecución habría servido como contraprestación por el respaldo legislativo.
Prueba y siguientes pasos
Con la acusación formalizada, la investigación pasa a la fase de juicio si la decisión se confirma. La Corte evaluará próximamente la suficiencia de las pruebas en la Sala Especial de Primera Instancia. El tribunal detalló que la actuación procesal seguirá su curso conforme a las garantías judiciales, incluido el derecho a la defensa de los procesados y las pruebas adicionales que puedan presentarse en el juicio.
Contexto del escándalo UNGRD y alcance político
El caso que involucra a la UNGRD se hizo público en febrero de 2026 y desde entonces ha sumado a altos funcionarios y exfuncionarios. La Fiscalía ha investigado pagos y contratos que, según la acusación, habrían servido para comprar apoyos legislativos. En ese marco se vinculan contratos por un valor de 92.000 millones de pesos y, más ampliamente, conductas que la Fiscalía atribuye a una supuesta organización destinada a influir en decisiones oficiales, por montos que superan los 612.000 millones de pesos. Entre los ya procesados figuran exministros y directivos del Estado.
La decisión del 11 de marzo de 2026 agrega un capítulo judicial importante al escándalo, en el que también se han visto afectadas figuras como exmandos de la dirección de la UNGRD y congresistas que han enfrentado medidas de aseguramiento. La combinación de detenciones, reelecciones y procesos en marcha subraya la complejidad política y judicial del caso, que continuará desarrollándose en las instancias correspondientes.
Como paso inmediato, la Sala remitirá el expediente a la instancia de juicio una vez la providencia quede en firme, y el país seguirá atento a las audiencias que definirán responsabilidades penales. El proceso representa una prueba para los mecanismos de control y para la lucha contra la corrupción en contrataciones públicas relacionadas con la gestión de emergencias, un terreno sensible para la administración pública y la opinión pública nacional.
