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La lucha contra el huachicol en México ha tomado un protagonismo inesperado en el escenario político y social, pero, ¿realmente estamos viendo un cambio significativo o simplemente un aumento en las cifras de decomiso? Desde la llegada de Claudia Sheinbaum a la administración, hemos escuchado números impresionantes sobre hidrocarburos asegurados. Sin embargo, es fundamental preguntarnos qué significa esto en el contexto más amplio de la estrategia gubernamental.
El incremento en los decomisos: ¿una señal de éxito?
Desde octubre de 2024, el gobierno ha asegurado más de 69 millones de litros de hidrocarburos, lo que representa un incremento del 50.4% en comparación con el total asegurado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. A simple vista, estos números pueden parecer alentadores, pero ¿realmente reflejan un cambio en la efectividad de las políticas? Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, las cifras de decomisos rondaban entre 2 a 3 millones de litros anuales. Esto nos lleva a cuestionar: ¿estamos ante un cambio en la efectividad de las políticas o simplemente ante una mejora en la forma de reportar los números?
Expertos como Gonzalo Monroy señalan que el combate al huachicol en administraciones anteriores fue, en gran medida, bastante débil. La administración actual ha tomado un enfoque más directo, pero la efectividad de estas acciones aún se encuentra en entredicho. En 2024, el total asegurado alcanzó 8.9 millones de litros, lo que muestra un cambio estratégico, pero ¿es suficiente para desmantelar una industria tan arraigada en la sociedad?
El panorama del huachicol en México: un problema estructural
El robo de combustible no es un fenómeno nuevo en México. Juan Carlos Montero, académico del Tecnológico de Monterrey, menciona que este problema ha sido “dejado crecer” por la falta de acción decidida en el pasado. No podemos pensar que el huachicol surgió de la nada hace unos meses; es un problema que ha estado presente durante años, alimentado por una combinación de complicidad y falta de voluntad política. A pesar de los esfuerzos actuales, el problema sigue latente.
Aunque los decomisos son importantes, la realidad es que el impacto será limitado si no se desmantelan las estructuras criminales que operan detrás de estas actividades. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene un papel crucial en esta lucha, pero su involucramiento ha sido insuficiente. Atacar solo la parte logística del negocio no es suficiente; hay que ir más allá y rastrear el dinero ilícito que alimenta estas operaciones.
Lecciones aprendidas y pasos hacia adelante
La experiencia de los últimos años nos deja lecciones claras sobre cómo abordar el problema del huachicol. Primero, es esencial entender que el problema no se solucionará con medidas superficiales. La estrategia actual del gobierno enfrenta el gran reto de cerrar el círculo: no basta con asegurar combustibles; es crucial detener a los responsables y rastrear las redes financieras que sustentan este delito.
Los especialistas coinciden en que, mientras no se atrape a los grandes capos detrás del negocio del huachicol, estos problemas seguirán existiendo. Esto nos lleva a cuestionar la efectividad de las políticas actuales y a considerar la necesidad de un enfoque más integral que incluya la colaboración entre distintas agencias gubernamentales y el fortalecimiento de las capacidades de la UIF.
Takeaways prácticos para el futuro
Los fundadores y líderes en la lucha contra el huachicol deben entender que las cifras de decomisos, aunque impresionantes, no son el único indicador de éxito. La verdadera efectividad de estas políticas se medirá en la capacidad de desmantelar las redes criminales y en la reducción del impacto económico que estas prácticas generan. La sostenibilidad de cualquier estrategia debe basarse en datos sólidos y en un enfoque que busque un cambio estructural real.
En resumen, el problema del huachicol en México es complejo y multifacético. Las acciones del gobierno son un paso positivo, pero la lucha está lejos de concluir. La clave estará en cómo se implementen las estrategias a largo plazo y en la voluntad política de enfrentar a las organizaciones criminales de raíz.
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