La reciente controversia en torno al Proyecto Portero, anunciado por la DEA de EE.UU., nos deja con muchas preguntas sobre la **efectividad de la cooperación en seguridad** entre Estados Unidos y México. A primera vista, este proyecto se presentó como un esfuerzo conjunto para desmantelar las redes de tráfico de fentanilo. Pero, ¿realmente es así? La realidad expone una alarmante falta de coordinación y respeto entre ambos gobiernos. La rápida negación de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, sobre la existencia del proyecto, pone en tela de juicio esa narrativa de unidad que intentaba establecer la DEA.
La falta de alineación y sus consecuencias
Cuando la DEA anunció el Proyecto Portero, buscaba destacar una colaboración reforzada con México, enfatizando talleres conjuntos y sesiones estratégicas. Sin embargo, la respuesta inmediata de Sheinbaum fue contundente: «No hay acuerdo con la DEA». Este comentario no solo subraya la falta de comunicación, sino que también revela que cualquier iniciativa de cooperación debe seguir canales establecidos de aprobación. La insistencia de Sheinbaum en que las noticias sobre cooperación no deben hacerse unilateralmente es un recordatorio de que la sobernía nacional es un principio no negociable.
Este episodio no es un caso aislado; las relaciones entre EE.UU. y México han estado marcadas por tensiones en la cooperación en materia de seguridad. Recuerda el caso de 2020, cuando la detención del exministro de Defensa mexicano, Salvador Cienfuegos, por la DEA se realizó sin previo aviso al gobierno mexicano. Esa acción desató una fuerte reacción nacional y llevó a la creación de nuevas leyes en México que limitan las operaciones de agentes extranjeros. Estos incidentes han creado un ambiente de desconfianza que la administración de Sheinbaum ha intentado manejar. Sin embargo, el anuncio del Proyecto Portero podría haber socavado la confianza necesaria para una cooperación efectiva.
Las implicaciones para los ciudadanos estadounidenses en México
Para los más de 1.6 millones de estadounidenses que viven, trabajan o se jubilan en México, las implicaciones de esta falta de coordinación son muy concretas. La confusión sobre el nivel real de colaboración entre las fuerzas del orden de ambos países puede ser peligrosa, especialmente en regiones afectadas por la violencia de los cárteles. Muchos ciudadanos estadounidenses asumen que existe una red de cooperación que les brinda seguridad. Pero, ¿realmente es así? El fiasco del Proyecto Portero pone en duda esa suposición, revelando que algunas iniciativas de seguridad pueden estar exageradas o mal representadas.
Sin protocolos claramente definidos y sancionados legalmente, los estadounidenses en México pueden enfrentarse a un vacío de información crítico en tiempos de crisis. Si un ciudadano estadounidense es secuestrado o se encuentra en un tiroteo relacionado con cárteles, ¿habrá una coordinación efectiva entre las fuerzas de seguridad mexicanas y las agencias estadounidenses? La falta de claridad sobre quién tiene la autoridad en situaciones de emergencia puede dejar a los ciudadanos en una posición vulnerable.
Lecciones aprendidas y el camino a seguir
La situación actual no es simplemente un desacuerdo burocrático; es un signo claro de que se necesita una mejor comunicación institucional entre los gobiernos de EE.UU. y México en temas de seguridad. Las preguntas sobre quién aprueba estrategias de aplicación binacional y qué nivel de revisión interinstitucional es necesario son fundamentales para evitar malentendidos en el futuro. La falta de un marco claro y coordinado para la cooperación en seguridad no solo afecta la percepción pública, sino que también puede tener consecuencias reales en la seguridad de las personas.
La lección es clara: no se debe asumir que la cooperación en materia de seguridad está garantizada solo porque una agencia lo anuncie. Las operaciones de aplicación de la ley binacional son inherentemente complejas y a menudo están influenciadas por narrativas conflictivas. En un entorno internacional donde la percepción importa tanto como la política, la comunicación clara y la coordinación son esenciales para la seguridad de los ciudadanos. Ambos gobiernos tienen la responsabilidad de mejorar esta situación, no solo para sí mismos, sino para los millones de vidas afectadas por estas decisiones.
