La reciente denuncia contra dos fiscales federales por su negativa a investigar la violencia en cárceles plantea serias interrogantes sobre la integridad del sistema de justicia. La inacción ante hechos violentos en el Complejo Penitenciario de Ezeiza, entre 2023 y 2025, no solo es preocupante, sino que también revela un patrón que podría estar socavando la confianza en la administración pública. ¿Hasta qué punto se puede tolerar la falta de respuesta ante la violencia sistémica en nuestro sistema penitenciario?
La situación actual y los números detrás de la inacción
Los fiscales Sergio Mola y Cecilia Incardona han sido denunciados por su decisión de no permitir que el Servicio Penitenciario Federal actuara como querellante en múltiples casos de violencia. Este rechazo a investigar no es un mero detalle administrativo; tiene implicaciones profundas en la seguridad y el orden dentro de las instituciones penitenciarias. Según los datos, los incidentes de violencia en las cárceles han aumentado, con amenazas al personal penitenciario, incendios y destrucción de propiedad pública que no han encontrado respuesta adecuada.
Los jueces que han revisado las decisiones de Mola e Incardona han declarado que sus fundamentos son “contrarios a derecho”, sugiriendo que no se trata de una cuestión de inacción, sino de decisiones deliberadas que ignoran la gravedad de los hechos. La falta de seguimiento a estos casos no solo permite que la violencia persista, sino que también envía un mensaje de impunidad a quienes cometen estos delitos.
Los datos de crecimiento en la violencia carcelaria muestran que, lejos de ser un fenómeno aislado, estamos ante un problema sistémico que requiere atención inmediata. La inacción de los fiscales podría ser vista como un reflejo de una cultura más amplia dentro de la administración de justicia que prioriza el archivo de casos sobre la búsqueda de la verdad y la justicia.
Estudios de caso: lecciones de fallos en la investigación
La denuncia presentada por la Fundación Apolo destaca varios incidentes en los que la inacción de los fiscales ha tenido consecuencias directas en la seguridad del personal y la integridad de las instalaciones. Por ejemplo, el caso del juez Federico Villena pone de manifiesto que la falta de acción no es solo un fallo administrativo, sino una violación de los deberes que los funcionarios públicos tienen hacia la sociedad.
Estos ejemplos nos enseñan que, en el ámbito de la justicia, la falta de acción puede ser tan perjudicial como la acción mal dirigida. Cuando los fiscales ignoran la violencia, desprotegen a los involucrados y debilitan el sistema legal que debería proteger a todos. Este patrón de inacción podría llevar a un aumento en la tasa de criminalidad dentro de las instituciones penitenciarias, creando un ciclo vicioso de impunidad y violencia.
Lecciones prácticas para el futuro
Los eventos recientes deben servir como un llamado de atención para todos los involucrados en el sistema de justicia. La importancia de la rendición de cuentas y la transparencia no puede subestimarse. Los fiscales deben ser responsables de sus decisiones y, cuando se ignoran casos de violencia, se socava la confianza pública en el sistema judicial.
Además, es crucial que se establezcan mecanismos de supervisión más efectivos para asegurar que los casos de violencia reciban la atención que requieren. Esto no solo protegerá a los funcionarios y a los internos, sino que también reforzará la integridad del sistema judicial en su conjunto.
Finalmente, los fundadores y gerentes de proyectos en el ámbito de la justicia deben aprender de estas experiencias. Las decisiones estratégicas deben basarse en datos y en el compromiso con la justicia, no en la conveniencia. La sostenibilidad del sistema depende de la voluntad de enfrentar la verdad, por dolorosa que sea.
Takeaways accionables
1. Priorizar la investigación activa de casos de violencia en instituciones penitenciarias es crucial para mantener la integridad del sistema judicial.
Los fiscales Sergio Mola y Cecilia Incardona han sido denunciados por su decisión de no permitir que el Servicio Penitenciario Federal actuara como querellante en múltiples casos de violencia. Este rechazo a investigar no es un mero detalle administrativo; tiene implicaciones profundas en la seguridad y el orden dentro de las instituciones penitenciarias. Según los datos, los incidentes de violencia en las cárceles han aumentado, con amenazas al personal penitenciario, incendios y destrucción de propiedad pública que no han encontrado respuesta adecuada.0
Los fiscales Sergio Mola y Cecilia Incardona han sido denunciados por su decisión de no permitir que el Servicio Penitenciario Federal actuara como querellante en múltiples casos de violencia. Este rechazo a investigar no es un mero detalle administrativo; tiene implicaciones profundas en la seguridad y el orden dentro de las instituciones penitenciarias. Según los datos, los incidentes de violencia en las cárceles han aumentado, con amenazas al personal penitenciario, incendios y destrucción de propiedad pública que no han encontrado respuesta adecuada.1
Los fiscales Sergio Mola y Cecilia Incardona han sido denunciados por su decisión de no permitir que el Servicio Penitenciario Federal actuara como querellante en múltiples casos de violencia. Este rechazo a investigar no es un mero detalle administrativo; tiene implicaciones profundas en la seguridad y el orden dentro de las instituciones penitenciarias. Según los datos, los incidentes de violencia en las cárceles han aumentado, con amenazas al personal penitenciario, incendios y destrucción de propiedad pública que no han encontrado respuesta adecuada.2
