El 29 de diciembre de 2025, un trágico accidente tuvo lugar en el Istmo de Tehuantepec, donde un descarrilamiento<\/strong> del tren interoceánico<\/strong> dejó al menos 13 personas muertas y 98 heridas. Este suceso ha generado un clamor generalizado entre políticos y ciudadanos que piden una revisión exhaustiva de la seguridad en las obras ferroviarias en México.<\/p>
El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas<\/strong>, conocido como Alito, expresó su preocupación inmediatamente después del incidente. A través de diversas declaraciones, instó a las autoridades a pausar<\/strong> las actividades relacionadas con el tren y a realizar una auditoría completa de los proyectos en los que han estado involucrados individuos vinculados al gobierno anterior.<\/p>
Demandas de auditoría y suspensión de obras<\/h2>
Moreno Cárdenas argumentó que es esencial verificar si los proyectos ferroviarios cumplen con los estándares de seguridad necesarios. En sus declaraciones, solicitó detener las obras en las que hayan estado involucrados Amílcar Olán<\/strong>, Pedro Salazar Beltrán<\/strong> y los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador<\/strong>, hasta que se lleve a cabo una auditoría técnica independiente<\/em>.<\/p>
El objetivo, según el líder del PRI, es prevenir futuros desastres y garantizar la seguridad de los ciudadanos que utilizan estas infraestructuras a diario. Este enfoque ha sido respaldado por la ciudadanía, que observa con preocupación cómo se han manejado las obras ferroviarias en el país.<\/p>
El trasfondo de la tragedia<\/h3>
Las declaraciones de Alito hicieron eco de una conversación filtrada que involucró a Olán y Salazar, donde se hicieron comentarios que parecen trivializar la seguridad de las operaciones ferroviarias. La frase “ya cuando se descarrile el tren ya va a ser otro pedo” fue citada por Moreno como un indicativo de la actitud negligente hacia la seguridad pública.<\/p>
Para el dirigente del PRI, esta conversación refleja una mentalidad que prioriza los negocios sobre la seguridad de las personas. Destacó que el accidente es resultado de obras entregadas sin la debida supervisión y que presentan deficiencias técnicas. Según Moreno, la falta de control ha puesto en riesgo la vida de miles de usuarios del transporte ferroviario.<\/p>
La respuesta del gobierno y el clamor social<\/h2>
La tragedia ha llevado a un llamado a la acción no solo de líderes políticos, sino también de la ciudadanía. Muchos exigen medidas concretas para investigar a fondo las causas del descarrilamiento y deslindar responsabilidades. Entre las voces que se han alzado está la del Instituto Mexicano del Seguro Social<\/strong>, que, tras el accidente, publicó una lista de los heridos y la atención brindada en hospitales.<\/p>
El clamor por justicia y seguridad se ha intensificado, con legisladores de diferentes corrientes políticas uniendo esfuerzos para demandar una respuesta clara del gobierno. La bancada del Partido Acción Nacional<\/strong> ha anunciado su intención de realizar una auditoría integral<\/em> a las obras después de este trágico suceso.<\/p>
Reflexiones sobre la corrupción y la seguridad<\/h3>
Moreno concluyó sus declaraciones afirmando que “gobernar es cuidar vidas, no proteger negocios”. Este enfoque resuena en un contexto donde la corrupción<\/strong> ha sido una preocupación constante para la población. Los ciudadanos demandan transparencia y responsabilidad de quienes manejan proyectos que afectan su vida cotidiana.<\/p>
Esta tragedia es un recordatorio de la importancia de la seguridad pública<\/strong> y de la necesidad de que las autoridades actúen con firmeza frente a la corrupción que puede poner en peligro vidas. La comunidad espera que este llamado a la acción no caiga en saco roto y que se tomen decisiones valientes para evitar que incidentes de esta naturaleza ocurran en el futuro.<\/p>
