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Un fenómeno en aumento
En los últimos años, México ha sido testigo de un aumento alarmante en el número de desapariciones forzadas. Según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, hasta marzo de 2025, se registran más de 352,019 personas como desaparecidas, no localizadas y localizadas. De estas, 124,263 son personas desaparecidas y no localizadas, lo que refleja un problema que se ha intensificado a lo largo de las últimas décadas.
Durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, las cifras han alcanzado niveles sin precedentes, con 54,049 desapariciones registradas. Este incremento es notable en comparación con los sexenios anteriores, donde Vicente Fox reportó 914 desapariciones y Felipe Calderón 16,889. La tendencia es preocupante, ya que el promedio diario de desapariciones ha pasado de 0.4 en el gobierno de Fox a 40.6 en el actual.
Las regiones más afectadas
Los estados más afectados por este fenómeno son Jalisco, el Estado de México y Michoacán. En Jalisco, se registraron 6,726 desapariciones, mientras que en el Estado de México fueron 5,401. Estos datos indican que el problema no solo es generalizado, sino que también tiene un impacto desproporcionado en ciertas regiones del país. La Ciudad de México y Sinaloa también presentan cifras alarmantes, con más de 1,000 casos en cada entidad.
La situación se agrava al observar que la mayoría de las personas desaparecidas se encuentran en el rango de edad de 25 a 29 años, lo que sugiere que la juventud es particularmente vulnerable a este tipo de violencia. La falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades ha llevado a un clima de desesperanza y miedo entre la población.
Un llamado a la acción
La creciente ola de desapariciones forzadas en México exige una respuesta contundente por parte del gobierno y la sociedad civil. Es fundamental que se implementen políticas efectivas para abordar este problema, así como mecanismos de búsqueda y localización que garanticen la seguridad de los ciudadanos. La colaboración entre diferentes niveles de gobierno y organizaciones no gubernamentales es crucial para enfrentar esta crisis humanitaria.
Además, es esencial que se realicen investigaciones exhaustivas y se lleve a cabo un seguimiento de los casos de desapariciones, para que las familias de las víctimas puedan encontrar respuestas y justicia. La sociedad debe unirse en un esfuerzo colectivo para exigir cambios y garantizar que las desapariciones forzadas no se conviertan en una norma en el país.
