Table of Contents
La ley de presupuesto anual (LOA) para 2025 se encuentra en una encrucijada crítica. El relator del proyecto, el senador Ângelo Coronel, ha señalado que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva necesita implementar recortes de aproximadamente R$ 15 mil millones para que el texto pueda ser finalizado y votado en la Comisión Mixta de Presupuesto (CMO) y posteriormente en el Congreso.
Esta situación refleja la complejidad del panorama fiscal actual y la necesidad urgente de ajustes en el presupuesto.
Recortes necesarios y programas sociales en riesgo
Entre los recortes propuestos, se destaca la falta de R$ 3 mil millones para el programa Vale-Gás, que ha sido subestimado en el presupuesto anterior.
Además, se requieren alrededor de R$ 12 mil millones para incluir el programa Pé-de-Meia, lo que ha generado tensiones entre las diferentes partes interesadas. La situación se complica aún más debido a la presión del Tribunal de Cuentas de la Unión, que ha dado un plazo de 120 días para formalizar estas inclusiones en la ley.
Sin la aprobación de la LOA, la ejecución presupuestaria se verá severamente afectada, lo que podría impactar directamente en los reajustes salariales acordados con los servidores públicos.
Protestas y negociaciones en el Congreso
El clima en el Congreso es tenso, con sindicatos y entidades federales realizando protestas para exigir la votación del texto.
El senador Randolfe Rodrigues, líder del gobierno en el Congreso, ha manifestado que la Casa Civil y el Ministerio de Planeamiento están evaluando cómo incluir las nuevas disposiciones en el presupuesto. La incertidumbre sobre el futuro económico del país ha llevado a los legisladores a buscar un consenso, pero las negociaciones se han visto obstaculizadas por la crisis de las enmiendas que paralizó el trabajo legislativo el año pasado.
Expectativas para la conclusión del presupuesto
Con reuniones programadas entre el relator y miembros clave del gobierno, se espera que se tomen decisiones cruciales en los próximos días. Ângelo Coronel ha defendido la importancia de un plazo mayor para finalizar el presupuesto sin dejar cabos sueltos. La situación es delicada, y el gobierno ha proyectado una economía de R$ 14 mil millones con el paquete fiscal, aunque estas cifras son solo estimaciones. La obligación de presentar un presupuesto equilibrado recae en el Poder Ejecutivo, y el Congreso debe trabajar en conjunto para garantizar que las necesidades sociales no se vean comprometidas en el proceso.
