En un escenario marcado por la lucha contra el narcotráfico, familiares de personas vinculadas a cárteles de drogas han alzado la voz contra el gobierno mexicano. En una reciente conferencia de prensa, celebrada el 26 de enero, denunciaron que las autoridades han realizado la extradición de cerca de 100 sospechosos a Estados Unidos sin seguir los procedimientos legales establecidos. Según los denunciantes, este proceso adolece de un debido proceso, ya que las extradiciones se llevaron a cabo sin órdenes formales, lo que limita drásticamente las opciones legales de los acusados en México.
Las quejas provienen no solo de los familiares de los extraditados, sino también de sus abogados, quienes sostienen que este acto se asemeja a una exiliación forzada. La abogada Yarey Sánchez Lagunas, representante de dos de los extraditados, planteó serias preocupaciones sobre la presión que el gobierno mexicano enfrenta por parte de Estados Unidos, lo que podría estar llevando a decisiones que comprometen el debido proceso en favor de obtener beneficios políticos.
Contexto de las extradiciones
Desde febrero de, México ha enviado a 92 personas asociadas con el crimen organizado a Estados Unidos, siendo la transferencia más reciente realizada hace apenas dos semanas. Este movimiento ha sido interpretado por analistas como un intento del gobierno mexicano de apaciguar la creciente presión del presidente Trump, quien ha amenazado con intervenciones militares contra los cárteles. La estrategia de extradición se enmarca dentro del plan de seguridad de la administración de Claudia Sheinbaum y busca mantener una relación fluida con Washington.
El gobierno mexicano sostiene que estas extradiciones son legales y han sido facilitadas por razones de seguridad nacional. Sin embargo, muchos de los extraditados tienen solicitudes de extradición pendientes que complican aún más la situación. La controversia se intensifica especialmente tras la reciente extradición de Juan Pedro Saldívar Farías, un alto mando del cártel de Los Zetas, quien enfrenta múltiples cargos en Estados Unidos.
Impacto en el debido proceso
En su queja, la pareja de Saldívar, Vanesa Guzmán, presentó una denuncia contra altos funcionarios del gobierno mexicano, entre ellos el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, a quien acusó de traición. Guzmán argumenta que su pareja ha sido sometida a un proceso de extradición que carece de legitimidad, lo que pone en tela de juicio la capacidad de los ciudadanos para defenderse legalmente una vez que han sido trasladados al extranjero. “El traslado de mi pareja es, sin duda, un exilio”, comentó. “Hasta ahora, no hemos tenido noticias de él, ni siquiera ha podido hacer la llamada que legalmente le corresponde”.
Las afirmaciones de Guzmán resaltan la preocupación generalizada sobre el estado de los derechos humanos en el contexto de las extradiciones, donde los derechos de los detenidos parecen verse comprometidos. En este sentido, los abogados de los extraditados insisten en que el procedimiento seguido por el gobierno mexicano no respeta lo estipulado por la ley.
Reacciones de expertos y autoridades
A pesar de las quejas de las familias y sus defensores, figuras en el ámbito de la seguridad han minimizado las acusaciones. Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA, defendió la rapidez del proceso de extradición, argumentando que a menudo se ve obstaculizado por años de apelaciones legales. Vigil destacó que el gobierno mexicano tiene la facultad de tomar decisiones que protejan la seguridad nacional, dado que algunos líderes de cárteles mantienen control sobre sus organizaciones incluso desde prisión.
El exprocurador Alejandro Gertz Manero, quien lideró las primeras entregas de figuras del crimen organizado, subrayó que las extradiciones no son simplemente actos legales, sino respuestas a solicitudes de seguridad nacional por parte de los Estados Unidos, justificadas por la conducta delictiva de los individuos involucrados. Según él, esta estrategia busca desactivar a los cárteles y evitar que sigan operando desde el interior de las cárceles mexicanas.
Así, el debate sobre las extradiciones en México continúa siendo un tema candente, donde se entrelazan cuestiones de derechos humanos, política y relaciones internacionales. Las familias de los extraditados siguen luchando por respuestas y justicia, mientras que el gobierno enfrenta críticas por su enfoque y decisiones en un contexto tan complejo.
