La reciente revelación del ministro de justicia de Colombia, Andrés Idarraga, ha sacudido la opinión pública al afirmar que su teléfono fue hackeado con el software espía Pegasus. Este incidente, que tuvo lugar entre agosto y noviembre de, coincide con las indagaciones que Idarraga realizaba sobre posibles connivencias entre altos funcionarios del ejército y disidentes de las FARC, el grupo guerrillero que ha desafiado al Estado colombiano.
Idarraga hizo la denuncia a través de la plataforma de redes sociales X, donde explicó que el hackeo no solo afectó su dispositivo, sino que también se extendió a su familia, lo que sugiere un enfoque sistemático por parte de las autoridades militares. Este uso de tecnología avanzada para fines de espionaje plantea serias preocupaciones sobre la integridad de las instituciones en el país.
El contexto del espionaje en Colombia
Desde la llegada al poder del presidente Gustavo Petro, las tensiones entre el gobierno y el ejército han aumentado. La compra de Pegasus, un software desarrollado por la empresa israelí NSO Group, ha sido objeto de controversia. Este malware es conocido por su capacidad de acceder a la cámara y micrófono de los dispositivos, así como por robar información personal de sus usuarios. En, Petro criticó la adquisición de esta herramienta, que fue realizada durante el mandato de su predecesor, Iván Duque.
El escándalo se intensificó en noviembre de, cuando se reveló que algunos altos mandos militares habían compartido información sensible con líderes guerrilleros, lo que llevó a la suspensión de un general y un alto funcionario de inteligencia. Las indagaciones revelaron que se habían utilizado dispositivos de comunicación de los guerrilleros para obtener inteligencia sobre las actividades del Estado.
Las repercusiones del hackeo
Idarraga, al darse cuenta de actividades sospechosas en su teléfono, decidió someter su dispositivo a un análisis por parte de un grupo de ciberseguridad. Los resultados confirmaron que había sido hackeado con Pegasus. Este descubrimiento no sólo plantea interrogantes sobre la seguridad personal del ministro, sino que también pone en relieve los métodos autoritarios que se están utilizando para silenciar a aquellos que investigan la corrupción dentro de las fuerzas armadas.
Denuncias de otros funcionarios
La situación se complica aún más con las declaraciones de otros miembros del gabinete. En diciembre de, el ministro del interior, Armando Benedetti, también afirmó que su teléfono había sido comprometido por el mismo software espía. Ambas denuncias indican un patrón alarmante en el uso de tecnología avanzada para llevar a cabo espionaje político dentro de la administración pública.
Un panorama desalentador para la democracia
El uso de Pegasus por parte del ejército colombiano no es un caso aislado. A nivel internacional, se ha documentado cómo este software se ha utilizado para vigilar a activistas, periodistas y políticos críticos de diversos gobiernos. Este tipo de prácticas pone en peligro la democracia y los derechos humanos, al permitir que los gobiernos actúen con impunidad mientras buscan desmantelar cualquier tipo de oposición.
El presidente Petro ha denunciado que el uso de este tipo de herramientas de espionaje se ha convertido en una amenaza real para la libertad de expresión y la transparencia gubernamental. A medida que la administración avanza en sus investigaciones sobre corrupción, es crucial que se tomen medidas concretas para proteger a quienes se atreven a hablar y a investigar.
En conclusión, la denuncia de Idarraga resalta la grave crisis de confianza en las instituciones colombianas y el desafío que enfrentan los funcionarios que buscan la justicia. La comunidad internacional debe estar atenta a estas violaciones de derechos y exigir rendición de cuentas.
