La escena política nacional volvió a tensarse cuando la diputada Marcela Pagano presentó una denuncia contra la consultora +BE, propiedad de Bettina Julieta Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni. En el escrito dirigido al Juzgado Federal N°11, a cargo del juez Ariel Lijo, se plantea la existencia de un posible conflicto de intereses y de un supuesto circuito triangular de flujos económicos entre proveedores privados y organismos estatales vinculados al funcionario. La acusación ganó repercusión también por la circunstancia política: Adorni es una figura central del gobierno de Javier Milei y supervisa áreas con poder de decisión sobre contrataciones públicas.
La presentación judicial reúne contratos, fechas y montos que, según la denunciante, requieren esclarecimiento. Se detallan capacitaciones, adjudicaciones y la inclusión de empresas en procesos de concesión. Entre los elementos citados figuran audiencias, contratos de servicios y relaciones comerciales de +BE con empresas que facturan al Estado. La denuncia solicita que la justicia investigue tanto la naturaleza de esos vínculos como la evolución patrimonial del jefe de Gabinete, en busca de eventuales irregularidades o enriquecimiento no justificado.
El eje central de la acusación
En el núcleo de la denuncia se indica que la petrolera estatal YPF, la naviera National Shipping SA y la consultora +BE habrían conformado un esquema de relaciones comerciales que merece examen. La presentación señala que National Shipping, controlada por la familia Virasoro, mantiene contratos con YPF desde hace décadas y que la consultora de Angeletti brindó capacitaciones a directivos de esa naviera en tres oportunidades: el 6 de noviembre de 2026, el 23 de noviembre de 2026 y el 3 de octubre de 2026, por un total declarado de 6.370.000 pesos. Para la denunciante, esos hechos podrían conformar un mecanismo indirecto de beneficios hacia el entorno del funcionario, dado que Adorni integra el directorio de YPF.
Respuesta de las empresas y contexto temporal
Ante la acusación, National Shipping aclaró que sus contratos con YPF datan de 1998 y que las capacitaciones contratadas por +BE se realizaron antes de la designación de Adorni en la petrolera. Según registros citados en la denuncia, el funcionario fue designado director de YPF en enero de 2026, lo que, de acuerdo con la firma, desliga temporalmente las capacitaciones de cualquier influencia directa. Sin embargo, la denunciante plantea que la superposición de relaciones comerciales y la posición política del funcionario justifican una investigación para determinar si existió un beneficio indirecto o conflicto de interés.
Contratos, licitaciones y la concesión de Tecnópolis
La denuncia amplía el foco hacia otros procesos: menciona la licitación para la concesión del predio de Tecnópolis, estimada en aproximadamente 183.000 millones de pesos para una explotación de 25 años, a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo dependiente de la Jefatura de Gabinete. Entre las preseleccionadas figura DirecTV Argentina, vinculada al Grupo Foggia del empresario Marcelo Dionisio, empresa que la denuncia vincula como clienta de +BE. Ese cruce de relaciones entre concursantes, proveedores y funcionarios genera, según la presentación, la apariencia de un conflicto de intereses que debe ser aclarado por la justicia.
Clientes y redes de proveedores
El expediente incluye además clientes de la consultora como Grupo Datco y menciona que empresas proveedoras del Estado —desde entidades financieras hasta servicios públicos— habrían tenido vínculos comerciales con +BE. En la lista aparecen organismos y empresas como ARCA, AySA, el Banco Central, Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y Trenes Argentinos. Paralelamente, la denuncia señala supuestas irregularidades en licitaciones de servicios de comunicaciones (SMS y correo electrónico) por adjudicaciones millonarias que involucraron a firmas tecnológicas con relaciones entre sí, planteando la hipótesis de competencia simulada.
Petición de investigación patrimonial y paralelos judiciales
Pagano solicitó que la Justicia investigue la evolución patrimonial de Manuel Adorni y revise la existencia de deudas con privados, incluidas personas allegadas, citadas en registros públicos. La denuncia plantea analogías con causas anteriores donde se investigó el uso de estructuras familiares para canalizar pagos de contratistas del Estado, como los expedientes Hotesur y Los Sauces. Ahora corresponde que el Juzgado Federal N°11, bajo Ariel Lijo, determine si los hechos denunciados configuran conductas legítimas de mercado o si, por el contrario, existen indicios de conflicto de intereses y proceden medidas probatorias.
El proceso judicial abre un escenario de análisis jurídico y político: la denuncia parte de una diputada que formó parte del mismo espacio político del gobierno, lo que suma tensión interna. Mientras tanto, el ámbito judicial evaluará documentos, contratos y movimientos patrimoniales para definir si hay base para avanzar con medidas cautelares o imputaciones formales. En juego están la transparencia de los procesos de contratación pública y la responsabilidad ética de quienes ocupan cargos con capacidad de influencia sobre negocios estatales.
