La diputada Daniela Álvarez, del Partido Acción Nacional (PAN), ha denunciado lo que califica como persecución política tras la acción legal presentada en su contra por Clara Brugada, actual jefa de gobierno de la Ciudad de México. Esta controversia se origina en un tuit que Álvarez publicó durante la campaña electoral de Brugada, en el que narraba cómo esta última asumió el cargo de jefa delegacional en Iztapalapa.
En una reciente entrevista, Álvarez explicó que su denuncia fue clasificada como violencia política por razón de género, lo que resultó en una multa de 30 mil pesos. A pesar de esta sanción, el proceso judicial sigue abierto, lo que aumenta la incertidumbre para la diputada.
Detalles del proceso legal
El expediente del caso está registrado ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México con el número IECM-QNA-1700/2025. Según la información disponible, el 26 de junio de 2025, Clara Brugada presentó una queja formal contra Álvarez y Federico Döring Casar, quienes también eran candidatos a diputados en ese momento. Esta queja se fundamenta en la supuesta violencia política y por razones de género hacia Brugada.
Notificaciones y multas
El 10 de mayo de 2025, la diputada recibió una notificación de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepad), que la instaba a eliminar publicaciones en la red social X y a abstenerse de realizar cualquier conducta que pudiera considerarse intimidatoria hacia Brugada. En caso de incumplimiento, se le advirtió que enfrentaría una multa de 32,571 pesos. Sin embargo, el caso continúa en curso, y la Fiscalía ha reiterado que la investigación sigue vigente.
La situación se complicó el 1 de abril, cuando la Fiscalía notificó a Álvarez que una resolución anterior había sido invalidada, y que debía cumplir con la orden de eliminar ciertos mensajes que, según la autoridad, aún estaban visibles. Al no haber acatado esta orden, se le impuso una multa de 16,285.50 pesos, la cual se envió a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México para su cobro.
Reacciones y contexto político
Álvarez ha criticado este proceso, argumentando que refleja la parcialidad de las autoridades, que, según ella, están alineadas con el partido en el poder. A su juicio, esta denuncia es un intento por silenciar a las voces críticas en un ambiente político cada vez más tenso. La diputada ha señalado haber recibido presiones de legisladores del partido oficial durante las discusiones de reformas en el Congreso.
“Me advertían sobre la falta de fuero y me decían que pensara en mi hijo de seis años. Esto es un intento claro de intimidación”, comentó Álvarez. Subraya que su caso no es un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio de abuso de poder político.
Incidentes en el Congreso
La situación se ha agravado en el contexto del Congreso de la Ciudad de México, donde Álvarez vivió un altercado físico con diputadas de Morena durante las discusiones sobre el nuevo órgano de control de transparencia. A pesar de haber sufrido lesiones, decidió no presentar una denuncia, al no confiar en la imparcialidad de la Fiscalía, que, asegura, está dirigida por personas cercanas a su adversario político.
“¿A quién debo acudir para denunciar? La jefa de gobierno tiene lazos familiares con quienes están en la Fiscalía, por lo que no espero que se haga justicia”, afirmó Álvarez. Este tipo de incidentes pone de relieve la tensión y el clima de hostilidad que se vive actualmente en la política de la capital mexicana.
Reflexiones finales
La diputada Daniela Álvarez ha enfatizado que su denuncia no es un asunto personal, sino una cuestión política que afecta a todos aquellos que se dedican a la crítica política. “Este tipo de acciones limitan la libertad de expresión y permiten que las instituciones se utilicen para perseguir a los oponentes”, concluyó. En un contexto donde se habla de una ciudad que promueve las libertades, Álvarez se interroga sobre cómo realmente se pueden garantizar cuando las voces disidentes son silenciadas.
