Una pareja de Florida, Tiffany Score y Steven Mills, presentó una demanda contra el Centro de Fertilidad de Orlando tras determinar que el embrión implantado durante su tratamiento de fecundación in vitro no coincidía con su perfil biológico. Según los documentos judiciales aportados en enero y reportados por NBC News y WESH, las pruebas genéticas confirmaron que la menor nacida no es hija biológica de la pareja. La madre dio a luz el 11 de diciembre de 2026, y desde ese momento surgieron dudas sobre la filiación.
El caso ya llegó a oídos de la justicia. La jueza Margaret Schreiber ordenó audiencias semanales para seguir el avance de la investigación y dispuso medidas orientadas a identificar a posibles pacientes afectados y preservar la privacidad de terceros. La pareja declara vivir con una intensa angustia mental por no saber si su material genético está bajo el cuidado de otra familia.
Reclamaciones centrales de la demanda
En la querella, Score y Mills exponen que ambos son de ascendencia caucásica y que la recién nacida presentaba rasgos incompatibles con su perfil genético. Tras realizarse pruebas genéticas, los resultados concluyeron que no eran los progenitores biológicos. La demanda exige que la clínica identifique a los padres biológicos del bebé y esclarezca el paradero de los embriones que corresponderían a la pareja. También solicitan información sobre si otra persona pudo haber gestado al hijo biológico de la pareja.
Elementos que complican la investigación
Los documentos presentados introducen una posible pista: una mujer contactó a la pareja después de enterarse por los medios del caso. Ella habría recibido una transferencia de embriones el 7 de abril de 2026 y dio a luz en diciembre del mismo año, aunque a un varón; la mujer no fue identificada públicamente y comparte un apellido similar al de los demandantes, según la moción. Hasta este momento no existe confirmación judicial de una relación directa entre ambos episodios, pero la coincidencia temporal obligó a presentar una moción de emergencia para acelerar la obtención de información por parte de la clínica.
Solicitud de información y protección de datos
La pareja pidió que el tribunal obligue a la clínica a entregar datos que permitan reconstruir el error sin vulnerar la privacidad de otras familias. El abogado del centro, Robert T. Terenzio, propuso un protocolo que combina la entrega de información agregada con salvaguardas para datos personales sensibles, buscando equilibrar la transparencia con la confidencialidad. La jueza solicitó además que la clínica certifique haber contactado a pacientes potencialmente implicados y que informe al tribunal quiénes han renunciado a la confidencialidad.
Órdenes judiciales y próximas diligencias
En la audiencia de emergencia, la jueza Margaret Schreiber fijó una serie de pasos concretos: establecer audiencias semanales, exigir la certificación del contacto con otros pacientes potenciales, identificar quiénes han renunciado a la confidencialidad y recibir un reporte confidencial 24 horas antes de cada audiencia. Estas medidas buscan avanzar con la investigación sin exponer indebidamente a terceros que podrían no estar relacionados con el error alegado.
Cooperación de la clínica y límites legales
El Centro de Fertilidad de Orlando declaró a WESH que coopera con las autoridades y que varias entidades participan en la investigación para determinar el momento y lugar del presunto fallo. La clínica asegura que prioriza la transparencia y el bienestar del menor y de los pacientes, pero los abogados de la familia han solicitado mayor rapidez en la transmisión de datos concretos.
Implicaciones para la reproducción asistida
Más allá del litigio particular, el expediente subraya la necesidad de reforzar los sistemas de verificación en las clínicas de reproducción asistida. Un error en el manejo o identificación de embriones puede derivar en demandas civiles, revisiones regulatorias y reformas internas de protocolos. Especialistas en la materia han señalado que la combinación de trazabilidad física, registros electrónicos y controles redundantes es vital para reducir riesgos.
Por ahora, el proceso judicial continúa y será el tribunal quien determine responsabilidades y medidas adicionales conforme avance la investigación. La historia, cubierta por NBC News y WESH, sigue en desarrollo y pone sobre la mesa debates éticos y técnicos sobre la seguridad en tratamientos de FIV y la protección de las familias afectadas.
