La defensa de Fábio Luís Lula da Silva —conocido públicamente como Lulinha— anunció que solicitará el archivo del inquerito vinculado a la llamada Operación Sem Desconto tras una declaración que, según sus abogados, desmonta cualquier vínculo patrimonial o operativo entre él y las irregularidades investigadas. El testimonio aportado por la empresaria Roberta Luchsinger el 20 de mayo de 2026 reitera que no hubo pagos ni contratos que involucraran a Lulinha en actividades relacionadas con la regulación del canabidiol, pieza central de una de las líneas de investigación.
El expediente, que indaga sospechas de descuentos indebidos en pensiones y jubilaciones administradas por el INSS entre 2019 y 2026, ha experimentado también cambios organizativos dentro de la Policía Federal (PF). La transferencia de la instrucción a la CINQ —la coordinación que asume causas con tramitación ante el STF— y la insistencia de la oposición en la exposición mediática del caso han sido citadas por la defensa como elementos que terminaron beneficiando su estrategia procesal y política.
Lo que dijo Roberta Luchsinger
En el interrogatorio del 20 de mayo de 2026, Roberta afirmó haber presentado a Lulinha a Antônio Carlos Camilo Antunes, conocido en las indagatorias como Careca do INSS, en un contexto social, pero negó haberle pagado o canalizado recursos hacia él. Según su versión, los servicios que ella prestó al referido empresario estaban ligados a la regulación del mercado del canabidiol y no tenían relación con descuentos en prestaciones del INSS. La empresaria también explicó que no conocía, durante el vínculo profesional, indicios de irregularidades y que cesó cualquier relación al surgir la operación policial.
Estrategia de la defensa y argumentos centrales
Los abogados que representan a Lulinha, entre ellos Marco Aurélio de Carvalho y Guilherme Suguimori, sostienen que el testimonio refuerza la tesis de la ausencia absoluta de pruebas que vinculen a su cliente con el esquema de descuentos indebidos. La defensa subraya que Lulinha colaboró desde el inicio con las autoridades, puso a disposición sus sigilos antes de la quebra autorizada por el ministro André Mendonça en el STF y que no existe constancia de que haya recibido recursos asociados a la World Cannabis o a la operativa que se investiga.
Argumentos jurídicos
En clave procesal, la defensa pretende fundamentar el pedido de archivo en la inexistencia de pruebas materiales o contables que demuestren pagos o sociedades ocultas entre Lulinha y los operadores investigados. Además, se destaca la diferencia en la actitud pública y privada entre el presidente Lula y el exmandatario Jair Bolsonaro: según Marco Aurélio, la colaboración promovida por Lula contrastaría con intentos previos de protección política que, en su opinión, habrían marcado otras investigaciones como las que involucraron a Flávio Bolsonaro. La comparativa forma parte de la narrativa estratégica que busca desactivar el daño político.
Movimiento institucional y repercusiones políticas
La PF trasladó la conducción de los inquéritos de la coordinación encargada inicialmente a la CINQ, dentro de la CGRC, argumentando que esa estructura está mejor equipada para casos complejos con agentes de foro privilegiado. Según comunicados oficiales, no habría cambiado el equipo investigador. La decisión, sin embargo, sorprendió a quienes seguían el expediente porque el área original conocía detalles operativos y coordinaba piezas conexas. El traslado generó también cuestionamientos de la oposición y pedidos de explicaciones al director general de la PF.
Paralelamente, la pesquisa mantiene a figuras como el llamado Careca do INSS con prisión preventiva y revela transferencias financieras por cerca de R$ 1,5 millones a Roberta, según interceptaciones citadas por los investigadores. Roberta ha enfrentado medidas cautelares desde la apertura de diligencias, incluidas búsquedas y la imposición de una tobillera electrónica. La defensa de Lulinha sostiene que la insistencia en la exposición pública terminó demostrando la falta de irregularidades y, además, convirtió el asunto en un instrumento de comparación entre familias políticas de cara a 2026.
Balance y próximos pasos
Con la declaración del 20 de mayo de 2026 como pilar central, la oferta de la defensa es clara: pedir el archivo por falta de pruebas y defender que la investigación ya no produce riesgo procesal para su cliente. En las próximas semanas, el movimiento se concentrará en presentar formalmente ese pedido ante las autoridades competentes y en monitorear decisiones internas de la PF sobre la continuidad de diligencias. Mientras tanto, el caso seguirá siendo un foco de debate público por su mezcla de elementos judiciales y políticos, con repercusiones esperadas en la agenda mediática y en el discurso opositor.
