La Cámara de Diputados aprobó en votación un proyecto que modifica el régimen penal juvenil, estableciendo la edad de responsabilidad penal en 14 años en lugar de 16. El resultado fue de 149 votos a favor y 100 en contra, y el texto aprobado ahora debe avanzar al Senado para su tratamiento final. El debate en el recinto combinó argumentos sobre seguridad, derechos de la infancia y la capacidad estatal para financiar y ejecutar políticas de reinserción.
El gobierno impulsor defendió el cambio como parte de una política de orden público, mientras que opositores y organizaciones de derechos expresaron críticas sobre los riesgos de estigmatizar y encarcelar a adolescentes. El proyecto incorpora medidas alternativas a la privación de libertad y establece reglas sobre la separación de menores de los adultos en contextos de detención.
Principales puntos del proyecto
El texto aprobado reformaría el régimen juvenil vigente desde 1980 y consolida varias novedades: un tope máximo de pena de 15 años para menores, la exclusión de la pena de prisión de por vida y la priorización de sanciones socioeducativas para delitos con penas menores a tres años o entre tres y diez años cuando no hubo muerte ni lesiones graves. Para sentencias inferiores a tres años no se prevé cumplimiento efectivo en prisión.
Además, el proyecto incluye medidas concretas alternativas como arresto domiciliario, trabajo comunitario, prohibiciones de conducir y reparaciones económicas. También incorpora la condición de que los jóvenes condenados no convivan con personas adultas en establecimientos de encierro y contempla acciones complementarias de resocialización.
Fondos y origen del texto
Como exigió parte de la oposición moderada, el proyecto prevé una asignación presupuestaria concreta: más de 23.000 millones de pesos (aprox. US$16,5 millones al cambio oficial) para implementar el nuevo esquema. El gobierno presentó a debate un expediente fechado el 15 de julio de 2026, tras descartar una primera opción que fijaba la edad en 13 años al no reunir apoyos suficientes; finalmente hubo consenso en la franja de 14 años, tal como recomendó una comisión el año previo.
Posiciones políticas y sociales
El proyecto contó con el respaldo de varias bancadas alineadas con el oficialismo —entre ellas La Libertad Avanza, UCR, PRO y otras— y el rechazo de bloques peronistas y de izquierda. Voces del oficialismo sostienen que adolescentes de 14 años comprenden la ilicitud de un acto violento y que el sistema actual genera impunidad. La campaña mediática a favor fue visible y estuvo liderada por figuras públicas vinculadas a la seguridad.
Por su parte, críticos denunciaron que el trámite fue acelerado en comisiones, que expertos y defensores de derechos infantiles fueron desoídos y que el presupuesto asignado resulta insuficiente para adaptar infraestructuras y programas de reinserción. Organizaciones sociales y sectores religiosos pidieron un debate sin oportunismo electoral y advirtieron sobre el uso político del dolor social.
Reacciones y casos emblemáticos
El clima público está marcado por episodios de violencia protagonizados por adolescentes que recibieron amplia cobertura mediática; entre ellos se mencionó un homicidio ocurrido el pasado diciembre en la provincia de Santa Fe que movilizó a familiares de víctimas a reclamar penas más severas. Esos hechos alimentan la demanda social por medidas de mano dura, reflejada también en encuestas: según el informe de Giacobbe, más del 73% de los argentinos apoya bajar la edad de responsabilidad penal. En la misma encuesta, 63,6% prefería 13 años, 9,5% aceptaba 14 y solo 20,1% optaba por mantener los 16.
Críticas técnicas y preocupaciones
Organizaciones de derechos y diputados de la izquierda alertaron sobre la recidiva y el efecto negativo del encierro en menores, recordando que las tasas de reincidencia en jóvenes privados de libertad suelen ser elevadas si no existen políticas de reinserción efectivas. Se señaló también que la medida podría profundizar vulnerabilidades ligadas a la pobreza, la salud mental y el consumo de sustancias, sin resolver las causas estructurales del delito juvenil.
Algunos legisladores subrayaron dudas prácticas: la capacidad del Estado para adaptar centros, la capacitación del personal y si el presupuesto previsto alcanza para una implementación adecuada. Otros insistieron en que el foco debería estar en políticas de prevención, salud mental y rehabilitación en comunidades, más que en expandir respuestas penales.
Con la media sanción de la Cámara baja, la iniciativa se encamina ahora al Senado, donde continuará el debate público y parlamentario. La discusión seguirá mezclando argumentos sobre seguridad, derechos humanos, eficacia de sanciones y prioridades presupuestarias, en un contexto político y social muy polarizado.
