En estas páginas ofrezco un testimonio que nace de la experiencia vivida en primera persona durante la última dictadura y en los años que siguieron. Memoria no como archivo frío, sino como huella corporal: hace poco más de dos años tuve una operación de columna y, según el equipo médico, en la salida de la anestesia evocaba episodios de tortura vividos en El Olimpo, donde fui detenido en 1979. Ese recuerdo físico subraya por qué la transmisión de estos hechos es una obligación para quienes todavía ejercemos el periodismo con responsabilidad de dirección.
Los testimonios se vuelven más escasos conforme pasa el tiempo; por eso mi intención es compartir detalles que expliquen no solo los hechos, sino la atmósfera política y humana que los produjo. He conocido a figuras como Videla, Massera y Camps, y he sido víctima de detenciones y censuras que ilustran la lógica del poder militar: mezcla de delirio, ignorancia y violencia. En la conmemoración del 50 aniversario del golpe del 24 de marzo conviene recordar cómo esas vivencias marcaron a la prensa y a la sociedad.
Encuentros que revelan el clima de los mandos
Mis encuentros con los responsables del régimen mostraron una combinación de soberbia y torpeza que explican muchas decisiones fatales. En una reunión en la Casa Rosada, Videla informó a directores de medios sobre un supuesto conflicto con Brasil por la represa de Itaipú, una idea que revelaba fantasmas estratégicos más que un plan realista. La paranoia sobre enfrentamientos con países vecinos y teorías conspirativas como el Plan Andinia —la fantasía de una usurpación de la Patagonia para crear un Estado judío— ilustraban una visión del mundo distorsionada. Esa convicción en amenazas imaginarias alimentó tanto la represión interna como decisiones erráticas en política exterior y militar.
La experiencia de la censura y la represión
Como director de una revista, sufrí de primera mano la censura y la persecución: una nota sobre figuras históricas fue motivo suficiente para que Massera prohibiera la circulación de la publicación, y más adelante el cierre temporal y mi propia detención. La prensa escrita fue entonces uno de los pocos espacios privados y, por ello, objetivo permanente del control estatal. Publicaciones que investigaban o cuestionaban al régimen eran silenciadas mediante decomisos, prohibiciones y amenazas, medidas que perseguían anular el debate público y aislar a la sociedad.
El caso La Semana y la prohibición
La revista que dirigía padeció medidas administrativas y cierres motivados por notas que el poder interpretaba como subversivas. El episodio de la portada con la foto del capitán Alfredo Astiz —conocido por su actuación en ESMA— generó avisos desde distintos frentes sobre el riesgo que corríamos. Aunque recibí advertencias de dirigentes políticos que buscaban manejar la transición con cautela, la decisión editorial fue mantener la publicación. La tensión entre la prudencia estratégica y la independencia informativa puso en evidencia dilemas éticos que aún hoy pesan en la memoria profesional.
Intimidaciones y liberaciones
Mi secuestro y posterior liberación desde El Olimpo fueron parte de una dinámica de miedo y exhibición de poder: me trasladaron encapuchado y me obligaron a enviar mensajes que pretendían silenciar a quienes no comulgaban con la línea oficial. En otras ocasiones, agentes del Estado usaron la rutina y la burla —como apodos en llamadas para intimidarme— para mantenerme en un estado de constante vigilancia. Es preciso subrayar que, en ese contexto, la violencia se alimentaba tanto de la fuerza bruta como de la grotesca banalidad de muchas decisiones.
El regreso a la democracia y la deuda de la memoria
La caída del régimen dejó desafíos complejos: procesar a los responsables, reconstruir instituciones y garantizar que la prensa recupere su papel crítico. Raúl Alfonsín impulsó juicios que marcaron una excepción histórica, centrando la responsabilidad en las cúpulas militares mientras se discutía la figura de la obediencia debida para subalternos. Aquellas decisiones políticas buscaban equilibrar justicia y estabilidad institucional; aún así, el camino estuvo plagado de tensiones y de decisiones difíciles sobre quién debía responder por los crímenes.
Hoy el debate sobre la memoria es tan necesario como lo fue la denuncia entonces: la transmisión generacional de lo ocurrido exige conservar detalles, nombres y situaciones concretas para que la historia no se reduzca a lemas. El periodismo cumple aquí un papel esencial: no solo relatar hechos, sino también mantener viva la pregunta sobre cómo el poder puede degradarse hasta justificar el atropello. Recordar es, en definitiva, una forma activa de defensa de la democracia y un deber para quienes aún conservamos la palabra y la experiencia.
