En un escenario de creciente tensión, el sistema sanitario de Cisjordania y Jerusalén Este se encuentra al borde del colapso. Una combinación de restricciones de movimiento y un asedio financiero sin precedentes está poniendo en jaque la capacidad de los servicios de salud para atender a la población palestina.
La situación, descrita como crítica por las autoridades palestinas, se ha agravado en los últimos 15 meses, con consecuencias devastadoras para los pacientes y el personal médico. Las restricciones impuestas por Israel, junto con la retención de fondos cruciales, han creado una tormenta perfecta que amenaza la sostenibilidad de los servicios sanitarios esenciales.
Restricciones de movimiento y violencia: obstáculos para la atención sanitaria
La ministra de Asuntos Exteriores palestina, Varsen Aghabekian Shahinha destacado que los ataques contra el sistema sanitario en Cisjordania, aunque menos visibles que los de Gaza, son igualmente perjudiciales. Las incursiones militares, los ataques de colonos, los cortes de carreteras y la ampliación de puestos de control están limitando gravemente la libertad de movimiento, lo que dificulta la prestación de servicios médicos.
Desde octubre de 2026, la violencia en Cisjordania ha causado al menos 1.173 muertessegún datos del Ministerio de Sanidad palestino. Estas condiciones han creado un entorno en el que la atención sanitaria se ha vuelto cada vez más difícil de proporcionar, afectando a miles de pacientes que dependen de servicios médicos críticos.
El asedio financiero: una crisis que amenaza la sostenibilidad
El ministro de Sanidad palestino, Abu Ramadánha señalado que el asedio financiero impuesto por Israel es una de las principales causas del colapso del sector sanitario. La retención de aproximadamente 1.365 millones de dólares (unos 1.180 millones de euros) y el 68% de los ingresos del Ministerio de Sanidad palestino en los últimos 15 meses ha provocado una crisis financiera sin precedentes.
Estos ingresos son cruciales para el Gobierno palestino, ya que constituyen la mayor parte de sus ingresos públicos. Su retención ha limitado gravemente la capacidad del Gobierno para cumplir con sus obligaciones y mantener los servicios públicos. Como resultado, el Estado palestino ha acumulado deudas con hospitales privados, oenegés, empresas farmacéuticas, proveedores y el propio personal público, que solo cobra parte de su salario.
Escasez de medicamentos y suspensión de intervenciones
La crisis financiera ha llevado al Ministerio de Sanidad a agotar las existencias de más de 726 medicamentos y productos médicosincluyendo suministros para diálisis, material de laboratorio y la mitad de los medicamentos oncológicos. Esto pone en riesgo directo a más de 4.000 pacientes con cáncer.
Además, el Ministerio ha tenido que posponer más de 11.000 intervenciones quirúrgicas en lo que va de 2026, así como interrumpir las consultas con especialistas y el tratamiento de enfermedades crónicas. Los servicios de cientos de centros de atención primaria se han limitado a uno o dos días a la semana.
Aunque el Ministerio de Sanidad está dando prioridad a las intervenciones que salvan vidas, las medidas de emergencia solo pueden retrasar el colapso. No pueden compensar indefinidamente las limitaciones estructurales y la escasez de recursos. La salud es un derecho humano fundamental, y su privación contradice el marco jurídico internacional.
