La Hidrovía se ha convertido en el epicentro de un debate que combina logística, política y derecho. Aunque la reciente negociación logró una reducción en los peajes —una economía estimada en US$40 millones para los usuarios en el corto plazo—, las disputas sobre la transparencia del proceso amenazan con alargar la definición de la concesión. El corredor fluvial es la arteria por la que circula gran parte del comercio exterior argentino y regional, por lo que cualquier decisión tiene efectos directos sobre costos, competitividad y la cadena de pago de los productores.
El procedimiento de selección, dirigido por la ANPyN, dejó dos oferentes preclasificados: Jan de Nul y la alianza Servimagnus-DEME. Según la documentación pública, la etapa técnica arrojó puntajes distintos (Jan de Nul con 66,20 y Servimagnus-DEME con 42,14) y la apertura de las propuestas económicas se rige por la resolución 28/2026. La autoridad estima inversiones superiores a USD 10.000 millones y habla de definir la logística fluvial para las próximas décadas, en un proceso donde la oferta económica tendrá un peso decisivo: representa el 60% de la calificación final.
Actores y etapas del proceso
En el entramado aparecen empresas con experiencia en dragado y señalización, socios locales y redes de consultoría. El término concesión por peaje describe el contrato que busca financiar mantenimientos y obras mediante tarifas a los usuarios; esa modalidad está en el centro de la discusión porque determina la estructura tarifaria que pagarán los productores. El pliego incluyó requisitos técnicos validados con la participación de la UNCTAD, audiencias públicas y un sistema de evaluación con criterios previamente explicitados, aunque diversas denuncias señalan falta de parámetros suficientemente objetivos en algunos rubros.
Aspectos técnicos y comerciales
La operación de la Hidrovía implica tareas especializadas: dragado para mantener calados, balizamiento y mantenimiento de canales que superan miles de kilómetros. Por su recorrido transita cerca del 85% del comercio exterior del país, además de cargas de Paraguay, Bolivia, Uruguay y el sur de Brasil, lo que explica la magnitud de la inversión y la atención del sector privado. Desde la óptica logística, la prioridad técnica debería ser garantizar profundidad y continuidad operativa para que los buques embarquen en origen sin desvíos costosos.
Controversias políticas y judiciales
El proceso se vio afectado por elementos de naturaleza política: rumores sobre vinculaciones internacionales, críticas por cláusulas que excluyen a empresas con participación estatal y denuncias que cuestionan la objetividad de los pliegos. La PIA advirtió sobre posibles irregularidades y el fiscal Sergio Rodríguez indicó que ciertos pasos podrían derivar en consecuencias penales; las actuaciones fueron derivadas a la Fiscalía Federal N° 9. Entre las observaciones están la manera en que se habilitó o limitó la impugnación de etapas, la redacción de cláusulas anticorrupción y eventuales fallas en la audiencia por acceso a información ambiental.
Implicaciones para la competencia
La exclusión de oferentes con participación estatal y la propia estructura del pliego redujeron la concurrencia: sólo dos consorcios llegaron a esta etapa decisiva, lo que alimenta sospechas sobre la competitividad real del proceso. Además, hay antecedentes que alimentan la desconfianza: la vinculación de socios locales con procesos pasados y declaraciones que remontan a episodios de corrupción generan una tensión adicional entre transparencia y necesidad técnica. El caso plantea si la prioridad fue proteger la competencia o privilegiar alineamientos geopolíticos y económicos.
Qué debería priorizarse
Más allá de la disputa política, lo central para el país son las condiciones que resulten en menores costos logísticos para los productores: peajes competitivos, continuidad operativa y cumplimiento de estándares ambientales. La licitación debe preservar criterios técnicos medibles, reducir la discrecionalidad y asegurar mecanismos claros de control y cesión contractual. Si la justicia valida el procedimiento, la atención pública deberá mantenerse para que las ofertas económicas y las propuestas de inversión se traduzcan en beneficios concretos para la cadena agroexportadora.
Conclusión
La discusión sobre la Hidrovía combina una cuestión técnica con un nudo político y judicial. La resolución de la causa judicial y la revisión de los pliegos marcarán un precedente en materia de transparencia administrativa. Tanto el Estado como los oferentes y la sociedad civil tienen interés en que el proceso termine priorizando la operación eficiente del sistema fluvial y la minimización de costos para los usuarios. Mientras tanto, el desafío será equilibrar la seguridad jurídica, la competencia efectiva y la protección del interés público en una infraestructura estratégica.
