La planta de Forestadora Tapebicuá, perteneciente al grupo Celulosa Argentina, permanece detenida desde hace seis meses y no hay una fecha definida para la reanudación de la actividad. La empresa está en concurso de acreedores, acumula una deuda cercana a $11.500 millones y carece de recursos para operar; en riesgo hay 395 empleados cuyos puestos siguen sin garantía.
Esta situación no es aislada: en las últimas temporadas emergen cierres y suspensiones que evidencian una pérdida de escala productiva en sectores clave. Casos como el cierre de la fábrica de neumáticos Fate, con 920 despidos y más de 80 años de historia, constituyen señales de alerta sobre la fragilidad del entramado industrial.
Estado actual de Tapebicuá y las implicaciones laborales
La paralización de la forestadora se debe, en términos administrativos, a la falta de fondos operativos mientras atraviesa el proceso judicial del concurso de acreedores. La empresa ya no cuenta con la liquidez necesaria para mantener la producción ni para implementar un plan de continuidad, por lo que la planta permanece sin actividad desde hace seis meses. Los 395 trabajadores enfrentan incertidumbre y la compañía busca activamente un inversor que permita reactivar la línea productiva.
Consecuencias para la comunidad y la cadena productiva
La paralización impacta más allá de los puestos directos: proveedores locales, contratistas y servicios asociados sienten la caída de la demanda. La pérdida de ingresos de la planta genera un efecto multiplicador negativo en economías regionales donde la industria forestal y de celulosa actúa como motor. Además, la acumulación de deudas por casi $11.500 millones complica eventuales reestructuraciones y obliga a buscar soluciones externas de financiamiento.
El contexto nacional: importaciones, cierres y pérdida de empleo
El episodio de Tapebicuá se inserta en un cuadro más amplio de desindustrialización. En distintos sectores —textil, calzado, electrónica, autopartes y neumáticos— se registraron cierres y recortes masivos en años recientes. El caso de Fate es paradigmático: su planta en San Fernando cerró dejando 920 trabajadores sin empleo y evidenciando presiones competitivas desde importaciones de bajo costo.
Factores estructurales detrás de los cierres
Empresarios y gremios apuntan a la apertura irrestricta de importaciones como uno de los detonantes principales. Entre y se observó un aumento significativo de las compras externas en rubros sensibles, con sobreoferta proveniente de países con costos subsidiados. Según distintos análisis, la competencia internacional se intensificó con precios hasta un 40% menores en ciertos productos, comprimiendo márgenes y provocando caídas de ocupación de planta que, en algunos casos, llegaron a apenas el 30% de la capacidad instalada.
Reacciones y opciones de política industrial
Frente a estos episodios, actores públicos y privados han reclamado medidas de defensa comercial y esquemas de apoyo temporales para preservar la producción local. La Unión Industrial Argentina (UIA) ha manifestado su inquietud ante la ola de cierres, y sindicatos advierten sobre el impacto social de la pérdida masiva de empleo en sectores estratégicos.
Las soluciones propuestas incluyen la reactivación de medidas antidumping, incentivos a la inversión con compromiso de mantenimiento de empleo y líneas de crédito destinadas a reestructuraciones productivas. No obstante, cualquier intervención requiere diagnósticos precisos y consensos que permitan combinar defensa comercial con políticas que fomenten competitividad real en el largo plazo.
Perspectivas para Tapebicuá y lecciones para otras empresas
En el caso concreto de Tapebicuá, un posible camino es la llegada de un inversor que capitalice la planta y negocie la reestructuración de la deuda en el marco del concurso. Sin embargo, la viabilidad dependerá de la oferta recibida, la capacidad de recuperar mercados y la evolución de condiciones externas, como el flujo de importaciones. El episodio reafirma la necesidad de integrar medidas microeconómicas con políticas macro y comerciales que protejan la producción y el empleo.
La respuesta que adopten actores públicos y privados marcará si estos episodios se transforman en recuperaciones puntuales o en una tendencia sostenida de pérdida de capacidad productiva nacional.
