Table of Contents
Un nuevo capítulo en la Corte Suprema
La Corte Suprema de Argentina ha entrado en una fase de intensa controversia política, marcada por decisiones cruciales y un ambiente de tensión palpable. Esta semana, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti tomaron la decisión unánime de juramentar a Manuel García-Mansilla, un catedrático nombrado por el presidente Javier Milei a través de un decreto polémico.
Este nombramiento ha generado un debate significativo sobre la independencia judicial y la influencia del ejecutivo en el poder judicial.
Además, la Corte se enfrenta a la presión de un posible rechazo a la licencia extraordinaria solicitada por Ariel Lijo, otro juez nombrado por Milei.
La situación se complica aún más con la reciente caducidad del pedido de juicio político impulsado por Cristina Kirchner, lo que deja a la Corte en una posición vulnerable y expuesta a las tensiones políticas que caracterizan el actual clima argentino.
El conflicto de poderes en el horizonte
El bloque de senadores de Unión Por Todos y los radicales, junto con el apoyo de la senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri, están considerando solicitar una sesión especial para rechazar los nombramientos de Lijo y García-Mansilla.
Este escenario de rechazo sería inédito en la historia argentina y podría marcar un punto de inflexión en la relación entre el Gobierno y el Congreso. La posibilidad de que el juez K de La Plata, Alejo Ramos Padilla, suspenda el decreto 137 de Milei añade otra capa de incertidumbre a esta situación ya frágil.
El ingreso de García-Mansilla, conocido por sus buenas relaciones con los miembros de la Corte, podría haber suavizado temporalmente las tensiones internas. Sin embargo, las diferencias de opinión sobre la licencia de Lijo podrían llevar a una ruptura en la Corte, lo que generaría un conflicto aún mayor entre los poderes del Estado.
La historia reciente y sus repercusiones
La historia reciente de la Corte está marcada por intentos de juicio político impulsados por el kirchnerismo, que culminaron en la caducidad de los dictámenes acusatorios. Este proceso, que comenzó tras la condena de Cristina Kirchner, fue visto como un intento de controlar el poder judicial. La presión ejercida por el Gobierno de Alberto Fernández sobre la Corte fue significativa, y muchos consideran que esta situación ha debilitado la independencia judicial en Argentina.
Con el nuevo gobierno de Javier Milei, la Corte se encuentra en una encrucijada. La necesidad de establecer límites constitucionales a las decisiones del ejecutivo se vuelve cada vez más urgente. La crisis actual no solo refleja las tensiones internas de la Corte, sino también un debate más amplio sobre el futuro de la democracia y la justicia en Argentina.
